Un tribunal estatal ha ordenado el inicio del proceso de suspensión sin goce de sueldo por 15 días contra el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, y la síndico del Ayuntamiento.
La medida, que ha generado una fuerte controversia política, se deriva de presuntas "graves irregularidades y el incumplimiento reiterado de la ley", con un particular énfasis en el manejo deficiente de las problemáticas urbanas y la falta de respuesta ante las recientes emergencias climáticas.
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¿Porqué serían sancionados los funcionarios vallartenses?
Según el oficio presentado por el secretario general del Congreso, la causa principal de la sanción radica en el "incumplimiento recurrente a las problemáticas de ciudad", destacando la pobre preparación y reacción ante eventos como las intensas inundaciones del pasado 19 de septiembre.
Este evento climático, una de las inundaciones más severas de la temporada, dejó un saldo dramático en la localidad. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco reportó dos personas desaparecidas en la cascada El Nogalito, al sur del municipio, además de 59 viviendas inundadas, 15 vehículos arrastrados, 12 árboles caídos y cuatro derrumbes menores.
Colonias como La Bobadilla, La Floresta y Portales sufrieron afectaciones severas, con niveles de agua de hasta 30 centímetros en avenidas clave.
Severas acusaciones contra el alcalde de Puerto Vallarta
La diputada local Yussara Canales ha sido una de las voces más fuertes en este proceso, anunciando la suspensión en sus redes sociales y señalando que "Vallarta merece justicia y nadie debe estar por encima de la ley".
Canales explicó que el trámite fue turnado a la Comisión de Gobernación, de la cual ella no forma parte, pero prometió: "ahí sí podré votar, representando al pueblo de Vallarta con dignidad y congruencia" una vez que el caso llegue al Pleno.
Este incidente se suma a un año complicado por el temporal de lluvias en Jalisco, que registra la cifra más alta de víctimas mortales en siete años, intensificando las críticas hacia la administración municipal por supuestas omisiones en obras de prevención.
Actualmente, el caso se encuentra bajo análisis de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso. Mientras la oposición local califica la medida como "necesaria para rendir cuentas", el gobierno municipal insiste en que sus acciones de respuesta fueron "inmediatas y efectivas".
La tensión política es alta en Puerto Vallarta, justo en momentos de recuperación, y se espera que el dictamen final de la Comisión se emita en los próximos días.
LG