Para erradicar los matrimonios infantiles en México, la diputada federal panista por Guanajuato, Michelle Márquez, presentó una iniciativa de reforma a la ley para tipificar esta práctica como un delito e imponer sanciones de hasta 15 años de prisión para quien lo cometa o lo propicie.
Si bien en Guanajuato está práctica ha quedado prohibida desde hace varios años e inclusive las oficialías del registro civil no pueden realizar uniones matrimoniales de menores de edad aún con consentimiento de los padres, existen entidades como Oaxaca y Chiapas dónde prevalecen estos usos y costumbres
"México ocupa el lugar 8 entre los 20 países con mayor número de matrimonios infantiles, las cifras arrojadas por INEGI 2020 registraron 28 mil matrimonios donde la mujer tenía menos de 19 años y 6 de cada 1000 niñas de 12 a 14 años, no todas ellas con un contrato formal. Hubo un incremento del matrimonio infantil durante 2020 con respecto a 2010"
Se trata de dos reformas a la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su artículo 45 agregando dos párrafos: el primero que establece la coordinación de los tres órdenes de gobierno para medidas integrales para la protección de los menores ante estas prácticas y el segundo para implementar medidas afirmativas en los casos de menores que vivan en comunidades indígenas, sean afrodescendientes o presenten alguna discapacidad, también se tipifica el delito y se establece la sanción correspondiente.
"Es en el capítulo noveno que estamos agregando y lo estamos denominando cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad, también estamos considerando otros dos tipos de personas qué son aquellas que no tienen la capacidad para entender este concepto de cohabitación forzada y aquellas que no tienen la capacidad para resistir este tipo de hecho"
Se considerará que el delito es cometido por aquellas personas que induzcan, coaccionen u obliguen, soliciten o gestionen la unión de los menores con o sin su consentimiento con alguien que sea de su misma condición o mayor de edad para convivir en una forma equiparable y constante a la de un matrimonio. Las penas irían de 8 a 15 años y de mil a 2 mil 500 días multa, si las víctimas pertenecen a una comunidad indígena está pena se incrementaría hasta por la mitad.
CBCB