Hasta con cuatro años de prisión y una multa de 19 mil 244 pesos en Puebla, sería la sanción a quien opere anexos de rehabilitación e instituciones de salud mental sin los permisos adecuados, es la propuesta incluida en la iniciativa que el gobernador Miguel Barbosa envió al Congreso de Puebla.
De acuerdo con el documento, que consiste en disposiciones de la Ley Estatal de Salud, de la Ley de Salud Mental y el Código Penal; se buscará dar seguimiento y prevención de las adicciones, además de incluir el concepto de adicción como la enfermedad física, mental o emocional que crea la dependencia de sustancias, actividades o relaciones.
En la iniciativa se resalta que, si bien existe el delito de privación ilegal de la libertad en los artículos 299 a 301 Bis, los cuales pueden actualizarse en los centros residenciales para la atención a la salud mental y de las adicciones; resulta necesario tipificar la prestación de dichos servicios cuando no se cuente con los requisitos legales conducentes.
Debido a esto, la reforma es al artículo 258 BIS del Código Penal con el objetivo de dar mayor certeza a la operación de estos inmuebles, por lo que la pena irá de uno a cuatro de años de cárcel, además de multas económicas de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de cuatro mil 811 a a 19 mil 224 pesos.
Secretaría de Salud supervisaría anexos
Respecto a las modificaciones a la Ley Estatal de Salud se plantea que la secretaría de Salud estatal será la encargada de supervisar, vigilar y controlar que los establecimientos que presten servicios de atención a la salud mental y adicciones cumplan lo dispuesto en la normatividad.
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Además, prestará atención a la población que se encuentre en reclusorios del estado y en otras instituciones estatales no especializadas en salud mental.
Del mismo modo, se establecen criterios que deberán de cumplir las personas que trabajen en este tipo de inmuebles, como actuar con perspectiva de género y derechos humanos.
Mientras que en la Ley de Salud Mental se contempla regular los mecanismos adecuados para la sensibilización, promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, recuperación y bienestar de la población usuaria en este rubro y adicciones.
La iniciativa se turnó a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucional, de Procuración y Administración de Justicia y la de Salud.
AGA