La Defensoría de los Derechos Humanos emitió una recomendación en contra del municipio de Huimilpan, por la violación a los derechos humanos en agravio del joven Daniel Franco que perdió la vida tras actos atribuibles al personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil Municipal y al Juzgado Cívico Municipal, y por cuyos golpes recibidos por el entonces jefe de la policía y mandos, agravó su condición médica.
Daniel circulaba en su camioneta cuando fue presuntamente interceptado por otras unidades que no estaban rotuladas, por lo que al temer de un secuestro huyó para refugiarse en su casa donde fue detenido por policías el pasado 20 de julio.
Al realizar esta acción ingresaron sin autorización al domicilio y le propinaron una serie de golpes, lo cual causó su muerte, ya que tenia una condición médica.
Estos hechos quedaron filmados en un video que sirvió como prueba para indiciar por homicidio al jefe de la policía y otros elementos más.
La DDH exigió el registro como víctimas a los familiares directos de Daniel para que sea reparado el daño, así como también a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Huimilpan realice una revisión exhaustiva de todo su personal que lleve a cabo funciones operativas de seguridad pública, por lo que pide se verifique que todos los elementos se encuentren activos en el Registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que cumplan con los requisitos de ley.
Cabe destacar que el ex secretario de Seguridad Pública de Humilpan, Edgar César Villa Osornio y oficial Fernando Joseph “N” fueron sentenciados a 10 años de prisión cada uno por el asesinato imprudencial de Daniel Franco Miranda el 21 de julio del año pasado, caso que provocó el envío de elementos de la Policía Estatal para tomar el control de la seguridad del municipio unas semanas después.
La indignación de la población fue tal, que por la posterior fuga de ambos elementos de la policía, irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Huimilpan, donde amarraron y pasearon por las calles de la localidad al secretario de Gobierno, Alberto Nava, lo que provocó que el gobierno estatal iniciara un operativo para “garantizar” la seguridad en dicho municipio.
Sin embargo, tras lograr un acuerdo reparatorio con la familia, fueron puestos en libertad, al pagar 2 millones de pesos, pues derivado del proceso abreviado obtuvieron una sentencia que no implica cárcel pero sólo serán inhabilitados del servicio público por 3 años.
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