El zoológico clausurado recientemente en el municipio de Arteaga en Coahuila, operaba sin contar con permisos estatales, informó la secretaría de Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza.
De acuerdo con la funcionaria, los propietarios del sitio intentaron obtener autorización para constituirse como una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA); sin embargo, esta fue negada tras la revisión correspondiente.
Aunque la dependencia estatal realizó una visita hace aproximadamente dos años y determinó que no cumplía con los requisitos, el lugar continuó en funcionamiento hasta que autoridades municipales procedieron con su clausura en días recientes.
La secretaria explicó que, debido al tipo de fauna que se encontraba en el sitio, la supervisión y regulación del espacio corresponde a instancias federales. No obstante, hasta el momento no se tiene certeza de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente haya realizado una inspección posterior a la clausura.
Tampoco se ha confirmado si se implementaron medidas para garantizar el resguardo y bienestar de los animales que permanecían en el lugar, lo que mantiene incertidumbre sobre su situación actual.
¿Qué pasará con los animales de "El Ranchito Safari?
Hasta ahora, las autoridades estatales no han informado si los ejemplares fueron trasladados a otros espacios o puestos bajo resguardo de alguna institución especializada. Este tipo de casos suele requerir la intervención de instancias federales para garantizar condiciones adecuadas.
En situaciones similares, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la encargada de evaluar el estado de los animales y definir su destino, ya sea su reubicación en UMA autorizadas, zoológicos regulados o centros de conservación.
Este caso se suma a los señalamientos previos sobre el funcionamiento de “Ranchito Safari” en Arteaga, donde legisladores locales han advertido la necesidad de aplicar sanciones conforme a la ley por la operación irregular.
Además, se documentó que el sitio albergaba fauna exótica sin acreditar su procedencia legal, lo que refuerza la intervención de autoridades federales. De acuerdo con reportes, la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado inició indagatorias para determinar posibles responsabilidades administrativas y ambientales.
Las autoridades reiteraron que se dará seguimiento al caso para evitar que establecimientos similares operen fuera de la regulación y pongan en riesgo a las especies.
IJCA