La titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, Claudia Elvira Rodríguez, informó que los propietarios del safari investigado en Arteaga podrían enfrentar sanciones económicas que alcanzarían hasta un millón 131 mil pesos.
La funcionaria explicó que actualmente el procedimiento se encuentra dentro de los plazos legales correspondientes, luego de que se notificará formalmente a los responsables del establecimiento.
De acuerdo con la funcionaria, los propietarios cuentan con un plazo de 15 días hábiles para presentarse ante la Procuraduría y responder a los señalamientos realizados por la autoridad ambiental. Mientras tanto, el expediente sigue en integración antes de emitir una resolución definitiva .
Rodríguez Márquez aclaró que la denuncia fue presentada sobre el establecimiento y no directamente contra una persona en particular, motivo por el cual deben agotarse los procedimientos legales antes de avanzar hacia otras medidas.
Asimismo, reiteró que la Procuraduría no puede omitir ni acelerar los tiempos establecidos por la ley para este tipo de procesos.
¿Qué dijo la Procuraduría sobre la sanción al safari de Arteaga?
La titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente reiteró que la dependencia no puede acelerar ni omitir los tiempos legales establecidos para este tipo de investigaciones, ya que el proceso debe desarrollarse conforme a la ley antes de aplicar cualquier medida definitiva.
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Además, indicó que trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y el área de bienestar animal para garantizar el adecuado resguardo de los ejemplares involucrados mientras concluye el procedimiento administrativo.
“Estamos viendo también por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, por el área de bienestar animal, para poder tener un buen resguardo”, puntualizó la funcionaria.
Aunque todavía no existe una resolución final, Rodríguez confirmó que sí podría aplicarse una sanción económica contra el propietario o propietarios del safari investigado en Arteaga, dependiendo de las conclusiones del expediente y de cómo justifiquen las presuntas irregularidades detectadas.
“Todo depende… aquí el máximo es de un millón 131 mil pesos”, sostuvo la procuradora al ser cuestionada sobre el monto de la posible multa.
El caso ha generado atención luego de las investigaciones abiertas por autoridades ambientales en el municipio de Arteaga en Coahuila, donde también participa Profepa debido a la presencia de fauna exótica dentro del establecimiento señalado.
La Procuraduría estatal insistió en que será hasta concluir el proceso legal cuando se determine si existen responsabilidades administrativas y el monto exacto de la sanción correspondiente.
IJCA