Marzo de 2025 quedó marcado como el mes en que el mundo volvió la mirada hacia Teuchitlán.
Desde un predio aislado, rodeado de brechas y sembradíos, las imágenes de cientos de pares de zapatos vacíos alineados sobre la tierra dieron la vuelta al planeta y convirtieron al Rancho Izaguirre en uno de los símbolos más crudos de la crisis de desapariciones que enfrenta México.
Este 5 de marzo se cumple un año del hallazgo realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes ingresaron al predio y documentaron más de mil 300 indicios.
Entre los objetos localizados había 154 pares de zapatos, 170 mochilas, 18 maletas, prendas de vestir, libretas con nombres y apodos, así como restos óseos e indicios calcinados.
Para las familias buscadoras, el lugar operaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y exterminio presuntamente controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con sus testimonios, en el rancho existían zanjas donde se colocaban planchas de ladrillo para incinerar cuerpos y posteriormente cubrirlos con tierra.
La versión oficial, sin embargo, marcó distancia. El 29 de abril de 2025, el fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó que el predio funcionaba como un centro de reclutamiento y entrenamiento criminal, sustentado —según explicó— en pruebas confesionales, testimoniales y documentales.
No obstante, descartó que existieran evidencias de cremaciones clandestinas.
Según el funcionario, estudios realizados por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México detectaron niveles de calentamiento de hasta 200 grados en el sitio, temperatura insuficiente para realizar cremaciones, que requieren alrededor de 800 grados.
El caso también expuso posibles fallas institucionales. El predio había sido asegurado por la Guardia Nacional desde el 24 de septiembre de 2024, seis meses antes de que el colectivo ingresara y encontrara cientos de evidencias.
Posteriormente, la Fiscalía General de la República señaló hasta 14 presuntas omisiones en el procesamiento inicial del lugar.
Durante el operativo de 2024 se detuvo a 10 personas, se rescataron dos víctimas de secuestro y se localizó un cadáver. Además, se aseguraron fusiles de asalto, armas cortas, cargadores, una granada, equipo táctico y cuatro vehículos.
A pesar de ello, el hallazgo masivo de pertenencias y restos humanos ocurrió meses después, cuando el colectivo ingresó al sitio.
En enero de 2026, integrantes del colectivo denunciaron presuntas omisiones en la investigación y el abandono del predio. También advirtieron el riesgo de que algunos detenidos pudieran quedar en libertad ante la falta de avances en las carpetas de investigación.
Ante estas preocupaciones, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que mantiene comunicación con los colectivos y ofreció fungir como intermediario para restablecer el diálogo con la Fiscalía General de la República.
“Tenemos una comunicación constante con Indira y escuchaba su preocupación de que la Fiscalía General de la República, que es quien tiene a su cargo la custodia del rancho, había limitado su comunicación en las últimas semanas”, señaló el mandatario.
También aseguró que los testigos relacionados con las investigaciones continúan bajo protección federal y estatal.
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Mientras tanto, las interrogantes persisten. El predio, ubicado a unos 60 kilómetros de Guadalajara, sigue bajo resguardo y su procesamiento podría prolongarse por años.
En un estado como Jalisco, que supera las 15 mil personas desaparecidas, el Rancho Izaguirre representa mucho más que un expediente judicial. Para las familias buscadoras es una herida abierta y un recordatorio de que la verdad y la justicia siguen pendientes.
KH