El municipio de San Pedro Garza García fue notificado de una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa en la que se declara la validez y legalidad de un crédito fiscal impuesto al multimillonario desarrollo conocido como Torres Ysabella.
En marzo de 2019, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano municipal llevó a cabo una visita de inspección en cumplimiento a un requerimiento dentro de un juicio de amparo que promovió una vecina del proyecto de ambas torres, según un comunicado enviado por el municipio sampetrino.
Derivado de lo observado en esa visita de inspección, en mayo de 2019 y a partir de esa fecha, se requirió en múltiples ocasiones al desarrollador del proyecto Ysabella para que presentara diversos estudios que respalden técnica y jurídicamente la seguridad de la construcción edificada en el predio 14-070-017.
Ante el incumplimiento reiterado de diversos requerimientos por parte del fideicomiso, en diciembre de 2019, Ordenamiento y Desarrollo Urbano sancionó al desarrollo con una multa de 10 mil cuotas, equivalente a 844 mil 900 pesos.
Derivado de la multa impuesta, el 21 de enero de 2021, la Tesorería de este municipio determinó el cobro del crédito fiscal por la cantidad total de 966 mil 565 pesos con motivo de la multa impuesta más los recargos derivados de ella que ascendieron a 121 mil 665 pesos.
En consecuencia de lo anterior, el desarrollador promovió juicio de nulidad en contra del cobro del crédito fiscal, que se siguió ante la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Nuevo León, bajo el expediente número 363/2021.
Luego, ante la falta oportuna del pago, el 20 de agosto de 2021, la Tesorería Municipal llevó a cabo el embargo de bienes propiedad del desarrollo Ysabella, a fin de cubrir la cantidad de un millón 062 mil 537 pesos relativa a la multa y sus accesorios actualizados.
El 27 de febrero de 2023, el magistrado de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, resolvió favorablemente para el municipio el referido juicio, y declaró la validez y la legalidad de la determinación y cobro del crédito fiscal.
Lo anterior, al concluir el magistrado que el desarrollador no demostró con prueba alguna que efectivamente hubiera cumplido con los requerimientos realizados por la Secretaría de Ordenamiento, en mayo de 2021; por lo que el acto se encontraba debidamente fundado y motivado.
rcm