Escuela Militarizada Ignacio Zaragoza de Puebla, contra reloj; tiene 10 días para evitar cierre

La Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ) tiene un plazo de 10 días naturales para presentar pruebas y argumentos con los que busca continuar ofreciendo el servicio educativo de primaria en Puebla, luego de la clausura de este nivel desde septiembre pasado.

El plazo comenzó a correr el 2 de octubre de 2026 y fue otorgado a Daniel Guzmán López, propietario y director de la institución. La documentación que presente será revisada por el área jurídica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, que posteriormente determinará lo conducente.

De acuerdo con Manuel Viveros Narciso, titular de la SEP en Puebla, la resolución sobre el futuro de la academia podría conocerse durante la segunda quincena de octubre, una vez que concluya el proceso y sean analizados los argumentos presentados por el responsable de la institución.

La situación de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza ocurre después de que fueron señaladas diversas anomalías por exintegrantes de su comunidad escolar. Entre los señalamientos publicados se encuentran presuntos casos de abuso sexual y laboral contra alumnas, así como posibles cobros indebidos relacionados con cursos, credenciales, uniformes y rangos de carácter militar que habrían sido apócrifos.

También se difundieron publicaciones en redes sociales en las que se promovía el castigo físico como una medida para regular la conducta de los alumnos. Ante estos señalamientos, algunos padres de familia manifestaron su respaldo a la institución y a su director.

Hasta agosto de 2026, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza era la única institución militarizada en Puebla. Sin embargo, a nivel federal se ordenó el cierre de este tipo de instituciones luego de la muerte de la joven Dafne durante un campamento castrense en Tamaulipas.

Tanto el Gobierno federal como el gobernador Alejandro Armenta llamaron a posibles víctimas a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por su parte, la SEP se comprometió a realizar las investigaciones necesarias para determinar posibles sanciones administrativas.

​BTO