La diputada de MORENA, Sandra Lilia Amaya Rosales, destacó que, durante el año 2019, el Congreso del Estado aprobó un presupuesto para que la Secretaría de Seguridad Pública, adquiriera un equipo de cámaras de videovigilancia, el cual, no fue comprado conforme a lo planeado y estipulado en el recinto, sino por medio de un arrendamiento que actualmente adeuda 161 millones de pesos.
Según lo mencionado por la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, desde el momento en que este presupuesto fue aprobado se permaneció en constante comunicación con la instancia en cuestión para conocer cuál había sido su funcionamiento y colocación, no obstante, la respuesta de Seguridad Pública fue que las cámaras habían sido distribuidas a lo largo de varios municipios.
“Hoy nos damos cuenta que no han sido pagadas y que el arrendamiento se debe desde el 2019... nosotros hemos insistido en no fallarle a este proveedor ya que fueron rentadas y no subsidiadas pro medio del presupuesto designado por parte del congreso del estado. Hoy resulta que el gobierno del estado, finanzas y la secretaria de seguridad pública, no cuentan con el dinero”, añadió la militante morenista.
De igual manera, la legisladora local remarcó que tanto el Gobierno Estatal, así como la Secretaría de Finanzas y Seguridad Pública no tienen el financiamiento al día como para poder cumplir cabalmente con el arrendamiento en cuestión, situación que ha comenzado a preocupar considerablemente a su persona, dado que el proveedor puede dejar de cumplir con su contrato afectando gravemente la seguridad de los duranguenses.
Así mismo, Sandra Amaya agregó que esta temática tuvo que retenerse en la comisión correspondiente debido al tema de las elecciones electorales, aunado a su recién nombramiento en dicha delegación, no obstante, si se buscará un acercamiento directo con la titular de seguridad pública para que pueda esclarecer la situación, al igual que su homólogo en finanzas estatales.