La Fiscalía General del Estado informó los resultado de los operativos de fuerzas federales y estatales en los cuales fueron rescatadas 121 personas privadas de su libertad en los municipios de Matehuala y Guadalcázar en el Altiplano de San Luis Potosí.
De estas personas, 76 se identificaron como migrantes de Venezuela, Honduras y El Salvador y 45 mexicanos de Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Los rescates se dieron en seis eventos distintos, el primero de ellos se trata de 16 personas mexicanas que fueron asaltadas en la carretera federal 57 en el municipio de Matehuala el pasado 4 de abril.
Luego, en otro operativo en donde se buscaba a los supuestos 23 turistas guanajuatenses, se logró rescatar a 35 personas, 17 de éstas eran los tripulantes de las vagonetas del transporte turístico del estado de Guanajuato, pero no eran turistas sino 15 migrantes y los dos choferes.
En otro operativo en un hotel en Matehuala, elementos de la Guardia Civil estatal de San Luis Potosí, encontraron a los 35 pasajeros de un autobús que había salido del Estado de México; 31 resultaron ser migrantes centroamericanos y cuatro personas mexicanas.
Un cuarto rescate se dio en dos puntos de la zona limítrofe de San Luis Potosí y Nuevo León, en donde elementos de la Policía de Investigación rescataron a 20 migrantes privados de su libertad y detuvieron a dos personas por el delito de secuestro y privación ilegal de la libertad.
En el municipio de Matehuala, la Policía Municipal rescató a otros 10 migrantes y en Guadalcázar tras un enfrentamiento de las fuerzas federales contra criminales, liberaron a cinco personas; dos de Tamaulipas y tres de San Luis Potosí y detuvieron a dos mujeres.
De los migrantes rescatados hay al menos nueve niños y dos de ellos son bebés; 12 mujeres y 55 hombres.
El fiscal José Luis Ruiz Contreras justificó que las autoridades no tenían conocimiento de los secuestros masivos en la zona del Altiplano y que fue a partir de las fichas de búsqueda de los dos choferes de Guanajuato, cuando se implementaron los operativos coordinados y se los lograron desactivar.
“Existía confusión puesto que el estado de Guanajuato y el dueño de los vehículos particulares, no proporcionaban mayor información respecto de quiénes eran las personas que se encontraban a bordo, evidentemente al aceptarlo que llevaban migrantes se incurre en una responsabilidad por ello la confusión”, agregó el fiscal.
Además afirmó que, luego de estos operativos se identificó que debe tratarse de una red de tráfico de personas en la cual están presuntamente involucradas empresas de transporte del Estado de México y Guanajuato.
“Y que transitan por territorio potosino para finalmente ser privados de su libertad en Matehuala, debe ser una red muy amplia”, comentó el fiscal de San Luis Potosí.
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