Lo que debía ser un proceso de rehabilitación se transformó en una pesadilla de tortura y agresiones físicas para Juan Martínez, un hombre de 49 años que hoy clama por justicia y apoyo ciudadano.
Tras la clausura del centro de rehabilitación "Renacer" en Torreón hace apenas dos semanas, los testimonios sobre el horror vivido al interior de sus muros comienzan a ver la luz, revelando un panorama de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Juan vivió en condiciones inhumanas en el anexo
Con las huellas de la violencia aún marcadas en su rostro, Juan relató cómo el tiempo que permaneció internado —aproximadamente un mes y medio— estuvo definido por un régimen de condiciones inhumanas.
Según su testimonio, los internos eran sometidos a castigos físicos y psicológicos constantes, incluyendo jornadas extenuantes donde se les obligaba a permanecer sentados desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. sin posibilidad de movimiento.
A esto se sumaban las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las que convivían cerca de 45 personas (20 hombres y 25 mujeres). La desesperación ante el maltrato llevó a Juan y a otro interno, identificado como Iván, a planear un escape que terminó en tragedia para el primero.
Mientras que Iván logró huir a pesar de presentar heridas punzocortantes para dar aviso a las autoridades, Juan fue interceptado antes de alcanzar la libertad. La represalia fue brutal: cuatro sujetos identificados como Luis, Steven, Jesús y Erick, quienes operaban bajo la figura de "padrinos", presuntamente lo sometieron a una golpiza sistemática.
"Me patearon y golpearon en el rostro hasta que ya no pude más", relata la víctima, quien resultó con tres fracturas óseas en la cara.
Actualmente, Martínez requiere de una intervención quirúrgica urgente para reconstruir las zonas afectadas. Sin embargo, el costo de la cirugía asciende a 130 mil pesos, una cifra inalcanzable para él, dado que carece de seguridad social y de los recursos económicos necesarios para costear el procedimiento de manera privada.
A pesar de haber interpuesto la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, Juan se enfrenta a un nuevo obstáculo: la impunidad.
Según sus declaraciones, las autoridades le notificaron que los presuntos agresores ya fueron puestos en libertad. Esta situación deja a la víctima en un estado de total vulnerabilidad, pues no hay responsables legales que se hagan cargo de la reparación del daño o de los gastos médicos derivados del ataque.
Sigue a Telediario Laguna en
WhatsApp ChannelsDR