Nancy Ramírez, madre de Ethan Espeleta Ramírez, denunció que su hijo fue dado de baja de manera arbitraria de un colegio privado de Torreón, sin esperar los resultados de una revaloración neuropsicológica solicitada previamente por la misma institución.
El menor había sido alumno desde segundo de kínder y en agosto ingresó al primer grado de primaria.
Madre del menor contó como se tomó la decisión en el colegio
La mamá relató que, previo al inicio de clases, la directora y la psicóloga de primaria le pidieron una nueva evaluación neuropsicológica debido al cambio académico.
Aunque Ethan comenzó el ciclo escolar con un horario reducido para facilitar su adaptación, la institución decidió retirarlo apenas unos días antes de recibir el diagnóstico formal. Según señala, la única explicación que recibió fue que se trataba de órdenes de la dirección general.
La familia fue informada de que el menor representaba un “peligro” debido a conductas consideradas disruptivas.
Sin embargo, especialistas consultados posteriormente por los padres, entre ellos terapeutas, psicólogos y un neuropediatra, concluyeron que el niño podía permanecer en una escuela regular con los ajustes razonables correspondientes, pues las conductas observadas estaban asociadas a dificultades sensoriales y al estrés propio de la transición de kínder a primaria.
Padres del menor escalaron la situación a algo legal
Nancy Ramírez asegura que la institución no aplicó protocolos de inclusión ni estrategias de apoyo, y que la decisión de retirarlo fue unilateral.
La situación escaló a un proceso legal luego de que la familia promoviera un amparo para salvaguardar el derecho del menor a continuar en la escuela. Tras esto, su esposa —empleada del plantel— fue despedida, hecho que consideran una represalia.
Durante una visita realizada junto con el actuario y personal de derechos humanos, la institución condicionó el reingreso del menor al pago nuevamente de inscripciones, libros, materiales y seguros, a pesar de que los comprobantes de pago ya estaban registrados en su propio sistema.
Ramírez afirmó que también han solicitado la intervención de la Secretaría de Educación, pero hasta el momento no han recibido una respuesta efectiva. Derechos Humanos mantiene un procedimiento en curso, aunque la madre considera que avanza con lentitud.
Esperan que se haga justicia con respecto al menor
La denunciante afirma que continuará el proceso legal en todas las instancias posibles, y hace un llamado a que los colegios y sus directivos se abran al diálogo, respeten la normativa y garanticen los derechos educativos de las infancias neurodivergentes. Señala que la segregación y el etiquetado de estudiantes vulnera principios fundamentales de igualdad y humanidad.
Finalmente, destacó que durante la estancia previa de su hijo, tanto en kínder como en las primeras semanas de primaria, las maestras mostraron disposición y apoyo, pero insistió en que la decisión final fue tomada sin considerar a especialistas, sin ajustes razonables y sin una valoración integral, afectando directamente los derechos del menor.
Fue en el año 2023 que dimos a conocer el caso de una madre que denunció discriminación a su hijo con autismo en un jardín de niños de Gómez Palacio.
En este año 2025, precisamente en el mes de marzo, una madre de familia del centro de atención múltiple número 29, ubicado en la ciudad de Torreón, pidió a las autoridades educativas justicia y protección para su menor hija que estudia en este plantel educativo, otro caso que sonó bastante.
POT