Mujer exige aplicación de la Ley Olimpia; su exesposo presuntamente filtró contenido íntimo

Tras casi dos años de haber presentado una denuncia penal formal, María Fernanda García decidió romper el silencio para visibilizar su caso contra su exesposo y padre de su hijo, identificado como Jared ‘N’, a quien señala por la supuesta difusión sin su consentimiento de imágenes y videos íntimos, un delito tipificado por la Ley Olimpia en el estado de Coahuila.

De acuerdo con su testimonio, las agresiones comenzaron durante su matrimonio y continuaron tras la separación. La situación escaló a múltiples formas de violencia —psicológica, económica, física y emocional— que dañaron gravemente su estabilidad laboral y familiar, llevándola a perder empleos y a desarrollar trastornos como estrés postraumático, depresión y ansiedad, condiciones por las cuales actualmente recibe medicación.

Evidencias, miedo y presunta revictimización

García indicó que entre las pruebas y evidencias que recibió aparecían también otras dos mujeres no identificadas, un factor que la impulsó a alzar la voz para exigir justicia y prevenir a más personas. 

Reconoció que durante mucho tiempo guardó silencio por temor y con el objetivo de salvaguardar la estabilidad emocional de su hijo menor.

Sin embargo, la joven denunció sentirse revictimizada y desprotegida por las autoridades, quienes presuntamente le argumentaron que las pruebas aportadas no constituían un delito penal y le sugirieron buscar una indemnización económica. 

Por su parte, el presunto agresor se ha defendido alegando el robo de su teléfono celular, lo que podría entorpecer el desarrollo de las investigaciones.

Exigen intervención de la Fiscalía Especializada en Mujeres

Ante este panorama, María Fernanda exige que su carpeta de investigación progrese, que los hechos sean esclarecidos con rigor y que la Ley Olimpia se aplique de manera efectiva. 

Asimismo, hizo un llamado directo a la Fiscalía Especializada en Mujeres para que intervenga de inmediato, brindándole el acompañamiento institucional y la protección integral que contempla la legislación vigente para las víctimas de violencia digital.