Tras el incremento en la inflación, el sector del transporte en el Estado de México pidió que la Secretaría de Movilidad de la entidad (Semov) se pronuncie para evaluar un ajuste en la tarifa del transporte público este 2023, indicó el delegado de la Cámara Nacional del Pasaje, Autotransporte y Turismo (Canapat) en la entidad, Odilón López Nava.
En entrevista, argumentó que es necesario que el Instituto del Transporte del Estado de México (Item) fije un pronunciamiento sobre el tema.
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“Nosotros no somos los irregulares que hemos incrementado el precio de las tarifas, nosotros somos respetuosos y además somos disciplinados de las disposiciones oficiales (…) En este caso el Instituto del Transporte tiene la obligación de salir de la opacidad y pronunciarse”, indicó.
Transportistas piden ajuste con base a la inflación
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación cerró 7.82 por ciento en diciembre de 2022, lo que simboliza un incremento generalizado en los productos.
En el caso del sector del transporte, el incremento, admitió el delegado, está en el combustible y otras tareas sustanciales. Es de recordar que el último ajuste que se hizo en la tarifa del transporte público del Estado de México fue en 2019, cuando se aprobó un incremento del 20 por ciento y la parada mínima quedó en 12 pesos.
El delegado informó que el Item tiene que realizar las gestiones y análisis necesarios para determinar la viabilidad de un ajuste en las tarifas del transporte público, sean en atención a la inflación o alguna otra demanda.
“Al vocal ejecutivo le estamos pidiendo a partir del día de hoy se pronuncie y nos comparta a la ciudadanía y al sector las condiciones económicas en base al tema inflacionario y una realidad económica de nuestra industria (…) Esa realidad económica el Item la tiene a que concatenar”.
A modo de apoyo económico para el sector del transporte, la Semov aprobó una serie de estímulos fiscales para el sector en diciembre del año pasado, que incluye una extensión en el plazo de regularización y actualización de las unidades del servicio público de acuerdo con lo que marca la norma técnica de la dependencia.
El principal argumento fue que hubo una disminución en la demanda durante la emergencia del covid-19 y resultaba necesario que se capitalizaran para poder cumplir con la actualización del parque vehicular.
PGG