A pesar de que aparentemente existe una resolución federal a favor de Uber, la operación de estos vehículos continúa estando prohibida en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con multas de hasta 43 mil pesos, incluso el gremio de esta plataforma ha denuncia que la Guardia Nacional les cobra por ingresar al recinto.
César Castillo, representante del Consejo de Conductores Uber, indicó que recientemente la empresa compartió un comunicado oficial con los socios conductores en el que les indicaba que ya pueden operar gracias a un amparo que se otorgó a su favor, pero no se les ha compartido el documento que contiene dicha suspensión y las autoridades federales dicen desconocer esta medida.
“Se está invitando a la comunidad de conductores a que ya brinden el servicio dentro de los aeropuertos, el problema es el desconocimiento de la misma Guardia Nacional, porque cuando uno se presenta y les pregunta, dicen desconocer dicho documento y aquí lo que estamos haciendo es exponer al conductor a que le sea retirada la unidad y que le impongan una multa de 43 mil pesos”, explicó el representante.
Desde 2022, la Guardia Nacional ha impulsado una política de sanciones por miles de pesos a los conductores de Uber que vayan a recoger pasajeros al aeropuerto, además de la retención del vehículo llevándolos al corralón.
Actualmente, los conductores de esta plataforma están entre la espada y la pared, ya que el personal de la Guardia Nacional ha dicho que no sabe sobre el documento referido y la empresa no muestra la existencia del mismo, sólo dice que tienen derecho a operar.
La retención de los vehículos que entran al aeropuerto afecta directamente al conductor por todos los días que los carros pasan en el corralón, que puede ser de dos semanas a tres meses sin tener su fuente de trabajo.
Esta situación ha generado actos de corrupción y una especie de cobros de piso dentro el aeropuerto.
“Por la falta de regulación se ha prestado a temas de corrupción dentro del aeropuerto, donde vemos que hay compañeros que sí pueden trabajar. No todos lo hacemos, quienes trabajan, en algunos de los casos están arreglados con la Guardia Nacional a manera de pagar piso”, detalló Castillo.
Los conductores señalaron que pagan de mil 300 a mil 500 pesos semanales por carro para que puedan operar al interior del aeropuerto.
César dijo que existe una contradicción en la ley de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su artículo 40, pues éste da facultades a choferes para trabajar en zonas federales, pero no se ha actualizado respecto a la operación de plataformas.
“Para vehículos particulares no se requerirá una licencia ni permiso especial con unidades que sean no mayores de nueve pasajeros o cuatro toneladas, nosotros somos sedanes de cuatro unidades, no solamente por el peso, no tenemos nada que ver, yo creo que esta es una ley muy vieja que no ha sido atendida o actualizada”, comentó.
Por último, Castillo señaló que han tenido acercamiento a nivel federal con el diputado Hamlet Almaguer y a nivel local con la diputada Mónica Magaña, sin embargo, no ha existido voluntad para regular este asunto.
AA