El reciente anuncio del incremento a la tarifa del transporte público en Jalisco ha generado una ola de descontento entre los ciudadanos que dependen diariamente de este servicio para sus actividades básicas.
El pasado 26 de diciembre, el Comité Técnico Tarifario aprobó elevar la tarifa técnica a 14 pesos. Aunque el Gobierno del Estado prometió congelar este precio por cinco años y otorgar un subsidio de tres pesos a quienes utilicen la "tarjeta única" —dejando el costo en 11 pesos—, los usuarios consideran que la medida es insuficiente y desproporcionada.
¿Cuál es la postura de los usuarios del transporte público ante la noticia?
Para ciudadanos como Yamir, residente de Ixtlahuacán de los Membrillos, este ajuste representa un golpe crítico a su economía. Al trasladarse diariamente al centro del Área Metropolitana de Guadalajara para estudiar y trabajar, debe abordar al menos cuatro camiones cada día.
Yamir señala que es injusto aumentar el precio cuando las unidades no funcionan correctamente y los tiempos de espera superan los 30 minutos.
"Solo se hacen ricos y los camiones seguirán igual", lamentó el joven.
Por su partre, Gloria Hernández Venegas enfatizó que cualquier alza debería ir acompañada de un incremento proporcional en los sueldos. Al igual que Yamir, Gloria utiliza cuatro transportes diarios y advierte que, mientras los salarios permanezcan estancados, las familias no tendrán los recursos necesarios para cubrir el nuevo costo, sin importar si la calidad mejora.
Exigencia de trato digno y transparencia
Pilar Gómez, otra usuaria afectada, calificó el aumento como un "exceso" y cuestionó el origen del subsidio estatal, recordando que dicho recurso proviene de los mismos impuestos que paga la ciudadanía.
Pilar exige que, antes de cualquier ajuste, se garantice un trato digno por parte de los choferes y una mayor frecuencia de paso para evitar las aglomeraciones.
El sentimiento generalizado es de indignación ante un servicio que califican de precario. Se tiene previsto que esta nueva estructura tarifaria entre en vigor en abril de 2026, sin embargo, la presión social crece ante la falta de una mejora verificable en las rutas y unidades del estado.
LG