Hace ocho años, Vanessa Dib Velázquez entró a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro para someterse a un procedimiento ginecológico considerado de rutina. Salió con su vida transformada para siempre. Lo que debía ser únicamente el retiro de un Dispositivo Intrauterino (DIU) terminó en una infección hospitalaria, fallas médicas graves y una cadena de decisiones que culminaron con la amputación de sus dos piernas.
El caso volvió a tomar fuerza recientemente tras el testimonio de la propia Vanessa en el podcast de Pepe y Chema, donde narró con detalle cómo una atención médica deficiente la llevó al borde de la muerte y le dejó secuelas permanentes.
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Un DIU fuera de lugar y una atención sin protocolos
Vanessa acudió a la clínica del IMSS debido a que su DIU se encontraba traslocado, es decir, fuera de la posición correcta dentro del útero. En condiciones normales, el dispositivo debe colocarse en el fondo del útero para ser seguro y eficaz. Cuando se desplaza, puede incrustarse en la pared uterina, provocar sangrados, dolor intenso o incluso perforar el órgano.
Ante un diagnóstico de este tipo, los protocolos médicos indican que debe realizarse una valoración ginecológica inmediata y estudios de imagen, como ultrasonido o rayos X, para confirmar la ubicación exacta del DIU y evitar complicaciones durante su retiro.
Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de Vanessa, el dispositivo fue retirado directamente con pinzas, sin realizar previamente ningún estudio de imagen que permitiera conocer su posición real y descartar riesgos.
Un dolor ignorado y el diagnóstico equivocado
Tres días después del procedimiento, Vanessa comenzó a sentir un fuerte dolor en la zona lumbar y acudió nuevamente a una clínica. Ahí, el malestar fue minimizado y se le diagnosticó lumbalgia aguda, sin estudios de laboratorio ni análisis complementarios que permitieran detectar una posible infección.
Su estado de salud se agravó rápidamente. El dolor aumentó, su cuerpo comenzó a fallar y finalmente fue trasladada al área de urgencias, donde ya presentaba una pérdida considerable de sangre y un cuadro severo de deshidratación.
Vanessa al borde de la muerte
La situación se volvió crítica. Los médicos tuvieron que intubarla, conectarla a respiración mecánica y realizarle una transfusión sanguínea. Vanessa sufrió un paro cardíaco y permaneció aproximadamente 30 minutos en maniobras de reanimación.
Como parte del tratamiento para intentar salvarle la vida, los médicos decidieron extirparle el útero y un ovario. La infección, sin embargo, había avanzado de manera devastadora. Finalmente, se tomó la decisión más extrema: amputar ambas piernas para evitar que la infección continuara propagándose y provocara su muerte.
“¿Eso valen mis piernas?”
Años después, el caso no solo dejó secuelas físicas y emocionales, sino también un profundo sentimiento de indignación. Según información publicada por el Diario de Querétaro, el IMSS habría ofrecido a Vanessa Dib una compensación de 88 mil pesos por los daños sufridos.
La joven rechazó el monto de inmediato. Entre lágrimas, cuestionó la propuesta y la calificó como ofensiva. “¿Eso valen mis piernas?”, expresó. Explicó que una sola prótesis puede costar entre 70 mil y 150 mil pesos, por lo que el dinero ofrecido no alcanzaba ni siquiera para cubrir una mínima parte de su rehabilitación y recuperación de movilidad.
¿Qué dice la CNDH?
Tras analizar el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que la atención médica brindada a Vanessa no fue oportuna ni adecuada. El organismo documentó errores en el diagnóstico, omisiones en el manejo clínico y una atención deficiente que derivó en daños irreversibles.
En su recomendación, la CNDH advirtió que Vanessa enfrentará de por vida trastornos fisiológicos secundarios, posibles alteraciones en su función sexual y afectaciones psicológicas derivadas de la negligencia médica.
Reparación del daño y atención de por vida
Como parte de la reparación integral del daño, la CNDH estableció que el IMSS debe otorgar atención médica de por vida a Vanessa Dib, debido a la discapacidad permanente que le fue causada. Además, ordenó que se le proporcionen todas las prótesis necesarias para garantizar su movilidad y mejorar su calidad de vida.
El caso de Vanessa no solo expone una historia de dolor y supervivencia, sino que también vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de garantizar atención médica segura, diagnósticos oportunos y una verdadera reparación del daño cuando las instituciones fallan.