Dos policías municipales y una trabajadora social de Puerto Vallarta han sido vinculados a proceso por la Jueza de Control y Oralidad Susana Azzaid Betancourt Flores. Se les acusa de abuso de autoridad y delitos administrativos, derivados de un caso ocurrido en agosto de 2022.
Los involucrados fueron suspendidos de sus cargos por seis meses y tienen prohibido acercarse a la víctima mientras se desarrolla el proceso judicial.
¿Qué irregularidades cometieron los servidores públicos?
El caso se remonta al 28 de agosto de 2022, cuando los policías Jaime "N" y Sandra "N" acudieron a un domicilio tras reportes de una niña llorando y sola. Sin autorización del Ministerio Público ni notificación al DIF, la menor fue trasladada a la comisaría, lo que viola los protocolos establecidos por ley.
En la comisaría, la trabajadora social Delia "N" localizó a la madre de la menor a través de redes sociales y la llamó para que recogiera a la niña. Sin embargo, en lugar de resguardar a la menor en un espacio adecuado, fue colocada en los separos de la policía, un acto contrario a los derechos de la infancia.
Además, al llegar el padre de la menor, quien tenía la custodia provisional, los policías lo detuvieron alegando agresividad y aliento alcohólico, entregando a la niña a su madre sin un proceso adecuado.
¿Qué medidas se tomaron contra los responsables?
Tras una denuncia presentada por el padre de la menor, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investigó el caso. Durante la audiencia del 23 de diciembre de 2024, se determinó que los tres servidores públicos fueran vinculados a proceso.
Las medidas cautelares incluyen:
- Suspensión de sus cargos por seis meses.
- Presentación periódica ante autoridades.
- Prohibición de acercarse a la víctima o su domicilio.
- Comunidad
¿Qué sigue en el proceso judicial?
La vinculación a proceso permite a las autoridades continuar las investigaciones para deslindar responsabilidades. El abuso de autoridad y las irregularidades administrativas son los principales cargos que enfrentan los involucrados.
Este caso destaca la importancia de seguir los protocolos establecidos para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades buscan reforzar las medidas para evitar futuros actos de impunidad y abuso.
MQ