Este jueves se dio a conocer a través del Consejo Directivo del Patronato del Parque Zoológico de León que fue revocado el acuerdo aprobado durante la sesión extraordinaria del pasado 30 de enero, mediante el cual se había designado el perfil para ocupar la Dirección General del ZooLeón.
Esta decisión se tomó en una sesión extraordinaria celebrada este jueves al mediodía, en la que los integrantes del Consejo llegaron de manera unánime a la conclusión de dejar sin efectos dicha designación.
Telediario publicó el sábado pasado que la persona designada como nuevo titular del ZooLeón, Alejandro de Jesús Román Salazar, cuenta con al menos tres denuncias abiertas.
La primera fue presentada el 11 de febrero de 2025 por el SIMPATT ante la Fiscalía General del Estado de Baja California, por el presunto delito de robo; la segunda, interpuesta el 14 de marzo de 2025 ante la Unidad Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales de la misma fiscalía, por el supuesto delito de maltrato o crueldad animal; y una tercera denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con fecha del 29 de julio de 2025, en la que se le señala a él o a quien resulte responsable por acciones que podrían constituir tráfico ilegal de especies.
Tras 12 días de la designación inicial, los consejeros aclararon que, si bien no existe una sentencia firme ni una inhabilitación vigente en contra de esta persona, la sola existencia de estos procedimientos en otra jurisdicción generó incertidumbre jurídica que podría afectar la estabilidad institucional del zoológico, motivo por el cual se optó por revocar la decisión tomada previamente.
En tanto, Óscar Miguel Rosas Blancarte fue nombrado encargado de despacho de la Dirección General del Zoológico de León, mientras que el Consejo solicitará de inmediato una nueva terna para deliberar la designación conforme al reglamento, por lo que el proceso de selección se reiniciará.
Respecto a una posible omisión técnica por parte de terceros y al procedimiento seguido por el despacho contratado para la identificación de perfiles idóneos, el Consejo instruyó la revisión del contrato y, en su caso, el inicio de las acciones administrativas y legales que correspondan.
No obstante, se aclaró que dicho despacho basó su análisis en la información y documentación disponible, en la que no se advertían antecedentes penales en contra del perfil propuesto, además de que no tuvo posibilidad de verificar información pública que se dio a conocer días después, entre ella la publicada por este medio el sábado pasado.