Durango, Dgo. Sandra Lilia Amaya, diputada por Movimiento de Regeneración Nacional, dijo que se busca establecer la violencia institucional, la que se ejerce por funcionarios como parte de los procedimientos habituales en las leyes locales, para evitar que suceda.
La entrevistada comentó que Lo anterior, los datos emitidos por el INEGI a través de la ENDIREH 2016 donde se establece que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida.
“En ese sentido, nuestro país ha tomado decisiones para combatir este gran mal, mismas que van desde la implementación de políticas públicas en favor de las mujeres, reformas a nuestra legislación para la protección de sus derechos, al tiempo que se han suscrito diversos tratados internacionales para garantizar su seguridad y el acceso pleno a sus derechos humanos”.
Comentó que, en la carta magna en su artículo cuarto, establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley; mientras que en el artículo primero se estipula que todas las personas gozaran de los derechos humanos contenidos en este cuerpo normativo, así como en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.
Desgraciadamente se acostumbra a relacionar la violencia en contra de la mujer, en sus más terribles representaciones, como violencia física, agresiones verbales, e inclusive hasta los feminicidios. Sin embargo, un tipo de violencia que también nos afecta gravemente como sociedad, es cuando la violencia es ejercida por los propios servidores públicos. “Por lo que podemos afirmar que la violencia institucional es la menos visible, la que más se ha silenciado y la más impune de todas”.
La ley de las mujeres para una vida sin violencia, vigente en la entidad, considera a la violencia institucional como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
En ese sentido, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la violencia institucional puede ocurrir cuando se ha presentado una denuncia por ser víctima de algún tipo de violencia, o una mujer ha sido despojada injustamente de sus derechos y las instituciones no han proporcionado un trato digno; e incluso cuando las autoridades han tolerado la vulneración de sus derechos o han participado en complicidad con el agresor.