La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró definitivamente la puerta al intento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de recuperar un crédito fiscal por 2 mil 868 millones de pesos a Fomento Económico Mexicano (Femsa), al desechar la posibilidad de reabrir el litigio.
El adeudo reclamado por las autoridades fiscales correspondía al ejercicio de 2011. No obstante, la empresa había obtenido una resolución definitiva a su favor hace dos años, por lo que el caso ya se encontraba concluido.
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El expediente llegó nuevamente al Pleno de la Corte tras ser atraído a finales de 2025, a propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien promovió revisar la viabilidad de reabrir el asunto.
Durante la sesión de este jueves 2 de julio, la mayoría de los ministros respaldó el proyecto presentado por Giovanni Figueroa Mejía, quien concluyó que la revisión fiscal era improcedente, al tratarse de un caso con sentencia firme que no puede volver a discutirse.
“Siguiendo la línea jurisprudencial de este Alto Tribunal se concluye que la revisión fiscal es improcedente contra sentencias que declaran la nulidad por vicios formales, como lo es la indebida fundamentación y motivación, la caducidad de las facultades de determinación o la figura de la cosa juzgada, tal y como en el presente caso ocurrió”, dijo Figueroa.
El ministro dijo que tampoco comparte la opinión de quienes pudieran sostener que una reciente reforma habilitó la procedencia de la revisión fiscal contra resoluciones.
“Hay que recordar que el artículo 14 de la Constitución general dispone que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y esa disposición normativa me parece categórica, en tanto no distingue entre leyes procesales y leyes sustantivas, sino que más bien configura un mandato para proteger la seguridad jurídica de las personas para saber a qué atenerse cuando inician un proceso bajo ciertas reglas”, expresó.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se sumó al proyecto y subrayó que México no puede mandar una mala señal a inversionistas extranjeros reviviendo casos juzgados.
“Estamos obligados como Tribunal Constitucional a enviar un mensaje muy claro en el sentido que México sí ofrece seguridad jurídica que demanda el sector privado", dijo.
"Porque de esa certidumbre somos garantes los tribunales de la Federación, ya se trate de empresas grandes o pequeñas, de personas particulares, emprendedoras, que también arriesgan sus ahorros todas las cuales deben estar tranquilas de que cuando tengan sentencias favorables de parte de los tribunales imparciales y que actuaron con pleno respeto a la legalidad, esta Suprema Corte no modificará lo ya decidido”, sentenció.
El recurso fue presentado en 2024 con el propósito de impugnar la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que anuló el crédito fiscal al determinar que existieron irregularidades de carácter formal durante el procedimiento.
mla