El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) instó a actuar con urgencia, pues más de la mitad de la población de América Latina y el Caribe vive en asentamientos informales y precarios con altos niveles de inseguridad, que son, a menudo, los ciudadanos más vulnerables.
“Juntos podemos identificar soluciones habitacionales que promuevan la equidad y la resiliencia al cambio climático, ambos son temas centrales de nuestra estrategia corporativa con visión 2025, necesitamos actuar con urgencia”, indicó el vicepresidente de Sectores del BID, Benigno López.
Durante su participación en el “Foro de Vivienda 2022”, señaló que la cantidad de personas que vive en asentamientos con alto nivel de inseguridad (350 millones) equivale a la población de Estados Unidos y la barrera de acceso al mercado formal de la vivienda conlleva múltiples retos, como la dificultad de formalizar los títulos.
El funcionario del BID añadió que a esto se suman desafíos emergentes, como los cambios a los patrones de urbanización y la creciente vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, que impactan la implementación de políticas públicas, su sostenibilidad y su equidad.
Precisó que mientras el crecimiento urbano se está estabilizando, las conurbaciones y las regiones metropolitanas están tomando mayor relevancia en el modelo de desarrollo. América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada de los últimos años, pero la migración intrarregional se ha acelerado; sin embargo, en una crisis sin precedente, casi 20 millones de migrantes fueron desplazados forzosamente.
“Los cambios demográficos y la composición de los hogares están modificando las necesidades de la demanda de la vivienda. Toda nuestra población ha aumentado y tenemos menores hogares con las llamadas familias nucleares. Hay un aumento en el porcentaje de hogares no familiares; es decir, de estudiantes o trabajadores migrantes”, mencionó el vicepresidente del banco de desarrollo.
Explicó que aunque las familias son más pequeñas que antes, las familias más pobres siguen siendo las más grandes; además, se mantienen deficiencias estructurales en el parque habitacional y la persistencia de la informalidad de la vivienda, pues 21 por ciento de la población urbana aún reside en barrios marginales.
Abundó en que el déficit cualitativo es significativamente mayor al déficit cuantitativo, aunque la situación varía de país en país, pero a nivel regional se estima que 94 por ciento del déficit habitacional en zonas urbanas es cualitativo y se manifiesta en altos niveles de hacinamiento y la falta de acceso a servicios públicos como el agua potable.
Pobreza e informalidad detonan barreras
Asimismo, agregó Benigno López, la pobreza y informalidad laboral constituyen barreras para el acceso a una vivienda digna, y el gobierno ha aprobado su impacto en la región con las restricciones económicas y fiscales que han limitado el apoyo en forma de subsidios u otros instrumentos que muchos gobiernos pueden prestar a aquellos que más lo necesitan.
Apuntó que la creciente informalidad laboral post covid-19 ha visto acentuar las barreras financieras que muchos trabajadores informales enfrentan para adquirir viviendas formales, aunado a las consecuencias socio económicas devastadoras por los impactos del cambio climático.
“Nuestra región es la segunda más propensa a nivel mundial a desastres ambientales y climáticos. Entre 2000 y 2019, 152 millones de personas fueron afectadas por más de mil 200 desastres naturales. En el año 1997 y 2017, uno de cada cuatro desastres registrados en el mundo ocurrió en nuestra región, representando el 53 por ciento de las pérdidas económicas mundiales, debido a desastres relacionados con el clima, incluso, este año, países como Chile, Brasil, Argentina y Paraguay están sufriendo sequías históricas. De los 660 millones de habitantes en la región, aquellos sentimientos informales son desmedidamente vulnerables a fenómenos naturales, necesitamos solución”. aseveró el vicepresidente de Sectores del BID.
COG