25 estados de EE. UU. demandan al gobierno de Trump por nuevos aranceles: los califican de "pretexto" ilegal
Los nuevos impuestos de hasta el 12.5% afectan al 99% de las importaciones y son calificados como una carga ilegal para familias y empresas.
Este lunes, un bloque de 25 estados presentó una demanda contra la administración de Donald Trump por la imposición de sus más recientes aranceles.
Argumentando que son un "pretexto" para reemplazar los impuestos de importación que la Corte Suprema invalidó en febrero pasado.
¿Protección laboral o evasión legal?
El mes pasado, el gobierno estadounidense impuso aranceles de dos dígitos a la Unión Europea y a otros 59 países.
La justificación oficial es que estas naciones no han tomado medidas suficientes para frenar las importaciones de productos fabricados con trabajo forzado.
Sin embargo, los estados demandantes sostienen que esta es una maniobra para recuperar ingresos tras la derrota judicial de febrero, cuando la Corte Suprema dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autorizaba al presidente a imponer aranceles de ese tipo.
La nueva ronda de impuestos, que oscila entre el 10% y el 12.5%, cubre a países que proveen el 99% de las importaciones estadounidenses.
“Tras perder en la Corte Suprema, la administración intenta una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Los estados involucrados
A la demanda encabezada por Nueva York se han sumado; Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.
El cambio de estrategia legal
A diferencia de los intentos anteriores bajo la IEEPA, esta vez Trump está invocando la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Esta norma permite al ejecutivo imponer sanciones contra países con prácticas comerciales desleales y fue la herramienta utilizada contra China durante su primer mandato.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la medida afirmando que el trabajo forzado es una práctica que "agobia el comercio estadounidense" y que la Sección 301 es una herramienta legalmente duradera.
Un frente judicial amplio
Esta acción estatal no es la única. En julio, varias pequeñas empresas presentaron otras dos demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional.
Estos negocios argumentan que el gobierno no demostró adecuadamente cómo los aranceles eliminarán el trabajo forzado ni justificó el caso específico contra cada economía afectada.
Expertos legales, como el profesor Barry Appleton, señalan que el hecho de que los nuevos aranceles parezcan un "copia y pega" de las políticas invalidadas anteriormente podría dificultar su defensa en los tribunales.
No obstante, recalcan que, a diferencia de las leyes usadas previamente, la Sección 301 tiene un historial de uso presidencial de décadas con "barreras reales" establecidas por el Congreso.
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LV
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