Campesinos que trabajan sin sueldo cuidando ganado, empleados de fábricas de ropa ilegales en Sao Paulo, productores de carbón en la Amazonía para la industria metalúrgica son algunos casos de personas bajo esclavitud moderna en Brasil, donde hay 369 mil víctimas de ese fenómeno.
La organización Walk Free Foundation publicó la semana pasada un informe en el que insta a países del Grupo de los 20 (G-20) a combatir el problema del trabajo esclavo, que en su forma moderna adquiere forma de un empleo en el que el trabajador está endeudado con su empleador o es mantenido en contra de su voluntad.
Brasil encabeza en términos absolutos los índices de trabajo en condiciones de esclavitud en América del Sur, según estudios que alertan que más de 40 millones de personas en todo el planeta son víctimas de ese flagelo.
El país sudamericano, último del hemisferio occidental en abolir la esclavitud en 1888 con la denominada Ley Áurea, es reconocido como uno de los que más intensamente combate esta práctica.
Brasil implementó una unidad de fiscales del Ministerio de Trabajo que recorre el país en busca de víctimas, y en 2005 comenzó a publicar listas de empresas y empleadores que son condenados por trabajo esclavo.
Sin embargo, tras la llegada del presidente Michel Temer al poder, en 2016, el gobierno ha sido criticado por defensores de los derechos humanos debido a que flexibilizó las normativas sobre el trabajo esclavo.
Esta situación se produjo ante la presión política de la llamada “bancada ruralista”, un grupo heterogéneo de unos 200 diputados que representan los intereses de los grandes productores rurales y las multinacionales del sector agrícola en la cámara baja brasileña.