Activistas se encadenaron al exterior de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, Venezuela, para reclamar que las personas transgénero en ese país puedan cambiar su nombre para dejar de sufrir discriminación y escarnio.
Junto a otros activistas del colectivo LGBTI, Paúl Martucci, integrante de la ONG Trascendiendo Fronteras, llegó desde el 21 de noviembre por tiempo indefinido para también exigir que se legisle sobre el matrimonio igualitario y la despenalización de la homosexualidad en la Fuerza Armada de un país conservador.
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Una de las pancartas colocadas en la plaza Morelos, en el centro de Caracas, señala “Venezuela no es Catar”, en referencia a la penalización de la homosexualidad en el país, sede de la Copa Mundial de Fútbol 2022.
En otra pancarta dibujaron un árbol de Navidad, acompañado de la frase “La transfobia es el espíritu navideño del Estado”.
Martucci confirmó que si bien, la legislación venezolana permite el cambio de nombre, las personas transgénero tienen obstáculos para hacerlo.
“Cuando te presentas en una entrevista laboral con tu imagen autopercibida y tu expresión de género te dicen que no te pueden dar el trabajo, porque en tu cédula dice otro nombre, que no coincide con la persona que se está presentando”, indicó Martucci.
El artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, cambiando en 2010, establece que “toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.
Koddy Campos, quien se encontraba encadenado junto a Martucci, enumera los inconvenientes que supone vivir con un “nombre autopercibido”, y un aspecto físico diferente al que está plasmado en el documento de identidad.
“La población más vulnerada es la población trans: no tiene acceso a la educación, hay personas trans que las sacan de los colegios, las universidades, no tienen trabajo”, confirmó Campos.
De acuerdo a Martucci, la comunidad sufre de violencia policial, cuando la policía pide cédula, que al ver que no corresponde al género, por lo que después soborna y extorsiona a los civiles.
AA