El martes 27 de julio comenzó el mayor juicio por corrupción y malversación en la historia del Vaticano en una sala de los Museos Vaticanos con la comparecencia por primera vez de un cardenal como acusado, Angelo Becciu, sin embargo el proceso fue de inmediato aplazado dos meses por pedido de la defensa.
Becciu, que ocupó el cargo de Sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, fue juzgado junto con un grupo de nueve acusados más, entre empresarios y funcionarios de la Curia Romana.
En la primera sesión del juicio, el juez Giuseppe Pignatone, presidente de la sala, accedió a la demanda de la defensa de tener más tiempo y aplazó la siguiente sesión al 5 de octubre. El tribunal deberá determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo de empresarios o si se trató más de un sistema de corrupción interna liderado por jerarcas de la Iglesia.
Los acusados se enfrentan a varios años de prisión por fraude, malversación de fondos, extorsión, blanqueo de dinero y abuso de poder en un escándalo que incluye complicidades con el espionaje, paraísos fiscales y que ha generado un agujero de millones de euros en las cuentas vaticanas.
El caso representa un reto para el papa Francisco pues revela el descontrol en las finanzas vaticanas, lo que provocó una reforma interna, y sacó a la luz los privilegios de varias entidades vaticanas.
Operaciones especulativas
Entre los diez acusados, la mitad estaba al servicio del papa Francisco cuando se realizó la compra de un lujoso edificio de 17 mil metros cuadrados en el distrito londinense de Chelsea, del que el papa ha pedido desprenderse rápidamente. La adquisición, a un precio mayor de su valor real, fue realizada a través de paquetes financieros altamente especulativos, por medio de dos empresarios italianos residentes en Londres.
En 2013 y 2014, la Secretaría de Estado pidió prestados más de 200 millones de dólares para invertir en el fondo luxemburgués "Athena" del empresario ítalo-suizo residente en Londres, Raffaele Mincione.
El dinero fue prestado gracias a la solvencia del Vaticano. La mitad de la suma se destinó a la compra del 45% del edificio londinense y la otra mitad a inversiones en la bolsa.
Mincione utilizó el dinero de la Iglesia para "operaciones especulativas", entre ellas la compra de bancos italianos con problemas financieros, sostiene la fiscalía. La Santa Sede no tenía la capacidad para controlar tales inversiones, por lo que decidió cuatro años más tarde, a finales de 2018, poner fin a esa alianza.
Debido a ello, el Vaticano eligió como nuevo intermediario a Gianluigi Torzi, quien negoció la salida de Raffaele Mincione, indemnizándolo con 40 millones de libras esterlinas, un equivalente de 55 millones de dólares y modificando el acuerdo financiero para que el Vaticano finalmente se convirtiera en el único dueño del edificio.
Torzi a su vez tomó el control de la propiedad (a través de acciones con derecho a voto) y luego extorsionó a la Secretaría de Estado para obtener 15 millones de euros (casi 18 millones de dólares al cambio actual) por su salida, según el texto de la acusación del tribunal penal.
Los magistrados identificaron a las dos figuras claves que ayudaron a Mincione y a Torzi a entrar en las redes del Vaticano a cambio de dinero. Uno de ellos es Enrico Crasso, hombre de negocios de nacionalidad suiza, quien gestionó por décadas el dinero de la Secretaría de Estado.
El otro es Fabrizio Tirabassi, importante funcionario laico de la Secretaría de Estado, a cargo de las inversiones, quien recibía además comisiones de los bancos por sus intervenciones y era considerado la mano derecha del cardenal Becciu.
La Dama del Cardenal
En el escandalo se reveló a un misterioso personaje femenino, apodado la "Dama del cardenal", una mujer de cuarenta años quien aseguró realizaba actividades de inteligencia por cuenta de la Santa Sede para liberar a religiosos secuestrados por el mundo, y quien recibía remuneraciones elevadas.
El juicio abordará también los pagos que la Secretaría de Estado y la Conferencia Episcopal italiana otorgaron por orden del cardenal a varias empresas de propiedad de uno de sus hermanos.
Al término de la primera audiencia, el cardenal Becciu informó mediante un comunicado que “esperaba con serenidad el juicio para demostrar su inocencia".
LAT