El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha ordenado este jueves la liberación de 250 presos políticos, lo que representa la mayor liberación de personas encarceladas por motivos políticos realizada de una sola vez en la historia reciente del país.
Esta medida forma parte de un acuerdo directo con el gobierno de Estados Unidos , el cual, a cambio de la libertad de estas personas, levantará diversas sanciones económicas que han afectado a la nación europea durante años.
El acuerdo se concretó después de una importante reunión llevada a cabo en Minsk, la capital bielorrusa, donde Lukashenko conversó con el enviado especial estadounidense John Coale.
¿Qué conlleva este acuerdo?
Como parte de este trato, Estados Unidos retirará los castigos económicos a dos grandes bancos estatales, al Ministerio de Finanzas y a los principales productores de potasa de Bielorrusia
Al hablar con los periodistas, Coale destacó esta liberación masiva como un "hito humanitario significativo" y aseguró que es una prueba clara del "compromiso" del presidente estadounidense Donald Trump con una "diplomacia directa y sin concesiones".
La decisión fue recibida con mucha emoción por parte de la oposición. Sviatlana Tsikhanouskaya, la principal líder opositora que actualmente se encuentra viviendo en el exilio por su seguridad, describió la noticia como "un momento de gran alivio y esperanza". En sus declaraciones a la prensa, expresó:
"Después de años de aislamiento, hay gente que ahora está libre y por fin puede abrazar a sus seres queridos", añadiendo que "no hay nada más poderoso que ver a alguien que soportó un encarcelamiento injusto reunirse con su familia".
Tsikhanouskaya también aprovechó para agradecer al presidente estadounidense y a sus funcionarios, señalando que "estos esfuerzos humanitarios están salvando vidas".
Sin embargo, dejó muy claro que la lucha no ha terminado, recordando que "muchas personas siguen tras las rejas" y que el objetivo final sigue siendo liberarlos a todos y poner fin a la represión para que cada ciudadano pueda vivir libremente.
¿Cuál es la situación de Bielorrusia?
El país europeo, estrecho aliado de Rusia y con una población de 9,5 millones de habitantes, ha estado muy aislado internacionalmente. Lukashenko ha gobernado la nación con mano dura y sin permitir oposición durante más de tres décadas.
Por esta razón, su gobierno ha recibido múltiples sanciones de países occidentales, tanto por violar los derechos humanos como por ayudar a Moscú al prestar su territorio para la invasión de Ucrania.
El conflicto interno explotó fuertemente tras las elecciones presidenciales de 2020, cuando miles de ciudadanos salieron a protestar por unos resultados que consideraban falsos, convirtiéndose en las manifestaciones más grandes desde la independencia del país en 1991.
El gobierno respondió con mucha violencia: decenas de miles de manifestantes fueron detenidos, muchos sufrieron golpizas por parte de la policía, y los líderes de la oposición tuvieron que huir del país o fueron metidos a la cárcel. Cinco años después de esas protestas, Lukashenko volvió a ganar un séptimo mandato en unas elecciones que fueron calificadas de farsa por sus críticos.
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Condiciones actuales del país
En los últimos tiempos, el gobierno bielorruso ha estado liberando a varios prisioneros para intentar mejorar su imagen ante los países de Occidente. Por ejemplo, en diciembre pasado, tras otra reunión de funcionarios en Washington, se liberaron 123 presos que fueron enviados a Ucrania y Lituania, y se aliviaron otras sanciones.
Además, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Lukashenko ha soltado a figuras muy importantes, como el ganador del Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, y a otros opositores muy conocidos como Siarhei Tsikhanouski y Maria Kolesnikova.
Incluso, ambos líderes hablaron por teléfono en agosto de 2025 y se sugirió una posible reunión en persona, lo cual sería un gran logro para quien es conocido como "el último dictador de Europa".
A pesar de estos avances recientes, el reconocido grupo de derechos humanos Viasna había calculado que, justo antes de este último anuncio, todavía quedaban más de 1.100 presos políticos sufriendo en las cárceles del país.