El gobierno transitorio de Bolivia, encabezado por Jeanine Áñez, presentará una demanda ante un tribunal de La Haya, Holanda, contra Evo Morales por “crímenes de lesa humanidad” cometidos durante la crisis política y social que sacudió al país, anunció ayer el ministro de gobierno, Arturo Murillo, sin precisar en qué corte lo hará.
“Luego de la querella por delitos de sedición y terrorismo (que tramita la fiscalía boliviana), en los próximos días se presentará otra demanda, por crímenes de lesa humanidad en La Haya”, dijo Murillo a la radio oficial Patria Nueva.
La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, es el órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El ex mandatario, que gobernó el país durante casi 14 años, “debe responder ante la justicia, por lo que ha hecho y está haciendo, además de sus cómplices que tienen participación en los luctuosos hechos que vivieron los bolivianos”, acusó Murillo.
A la par de estas declaraciones, la canciller Karen Longaric informó que aparentemente Evo Morales tramitó ayer un “pasaporte común” en la embajada de su país en México. “Evo se ha apersonado a la embajada del país en México (...) y ha pedido que se le otorgue pasaporte común boliviano”, dijo la jefa de la diplomacia de Bolivia. Por su condición de dignatario de Estado, Morales solía usar un pasaporte de índole diplomático.
Morales, que dimitió el 10 de noviembre tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y en medio de una convulsión social, es investigado respecto a un audio en el que una voz —que el gobierno asegura es del ex mandatario— llama a cercar las ciudades y cortar el suministro de combustible y alimentos.
Bolivia se vio sacudida por violentas protestas que dejaron al menos 33 muertos tras las elecciones del 20 de octubre, que dieron como ganador a Morales, pero que luego fueron anuladas por las “graves” irregularidades que reportó una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
ADVIERTEN A MÉXICO
El viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Wilson Santamaría, advirtió que podría haber conflictos internacionales si la embajada de México en La Paz ayuda a ex funcionarios bolivianos a salir del país sudamericano de manera irregular.
Los tratados establecen que las condiciones de asilo se pueden suspender cuando los beneficiarios de este derecho tienen cuentas pendientes con la justicia de su país, aseveró Santamaría en declaraciones a la prensa.
“Si alguno (de los ex funcionarios bolivianos) se animara a escapar del país en vehículos diplomáticos, México rompe esos tratados”, indicó el viceministro de Seguridad Ciudadana, de acuerdo con el diario digital Página Siete.
En la embajada mexicana en La Paz se encontrarían los ex ministros de presidencia y de cultura, Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, respectivamente, acusados de sedición y terrorismo. Mientras que el ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Nicolás Laguna, cuenta también con una orden de aprehensión en su contra por su presunta vinculación con el denunciado fraude en los comicios presidenciales.
Por separado, la canciller Longaric informó que la interina Áñez aún no ha sido invitada a la toma de poder del próximo 10 de diciembre del electo mandatario de Argentina, Alberto Fernández, presagiando que las relaciones de ahora en adelante entre ambas naciones serán “muy difíciles”.