LA PAZ. — El gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, presentó el viernes en La Haya una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del expresidente Evo Morales y del líder de la Central Obrera Boliviana (COB) por la muerte de pacientes en hospitales debido a la escasez de oxígeno por causa de recientes protestas antigubernamentales de parte de seguidores del exmandatario.
La querella fue presentada por el Procurador General del Estado, José María Cabrera, quien, en contacto desde Holanda con el canal estatal, dijo que al menos 40 personas perdieron la vida por la falta de oxígeno medicinal por los cortes de ruta que instruyó el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, mismos que habrían sido alentados por Morales desde su exilio en Buenos Aires para reclamar la realización de elecciones presidenciales.
“No es una demanda política, sino de justicia. El Código Penal de Bolivia no establece el tipo penal de delitos de lesa humanidad por acto inhumano; el Estatuto de Roma sí lo establece, por tanto, la jurisdicción internacional está habilitada para el juzgamiento”, dijo Cabrera.
La CPI deberá analizar si la denuncia amerita abrir un proceso.
Las protestas convocadas por la COB y partidarios de Morales duraron tres semanas en agosto y agravaron la crisis sanitaria debido a la pandemia, según las autoridades bolivianas. Fueron convocadas en rechazo a la postergación de los comicios que debían realizarse en septiembre y fueron retrasados para el 18 de octubre.
No es la primera denuncia internacional contra Morales, quien vive asilado en Argentina desde que renunció en noviembre del año pasado en medio de una violenta convulsión que dejo 36 muertos después de unas elecciones denunciadas como fraudulentas en las que el político buscaba otra reelección tras 14 años en el poder.
Esta semana, el gobierno interino también presentó una queja ante Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en contra del gobierno argentino por supuesta intromisión después que el 22 de agosto el subsecretario de Obras Públicas de Argentina, Edgardo Depetri, se reuniera con el expresidente y escribiera en su cuenta de Twitter: “Nos comprometimos a fortalecer la participación de migrantes bolivianos, en la elección presidencial, para que Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático”.
Morales, desde Argentina, asumió la jefatura de campaña de su partido rumbo a las elecciones.
“El gobierno boliviano considera que las declaraciones de autoridades del gobierno de Argentina reflejan una clara intensión de injerencia en los asuntos de Bolivia”, señala el documento presentado ante la ONU y OEA
El exmandatario también tiene otros procesos abiertos en Bolivia, uno por sedición y terrorismo y otro reciente por estupro, todos interpuestos por el gobierno interino de Áñez.
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LA PAZ. — El gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, presentó el viernes en La Haya una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del expresidente Evo Morales y del líder de la Central Obrera Boliviana (COB) por la muerte de pacientes en hospitales debido a la escasez de oxígeno por causa de recientes protestas antigubernamentales de parte de seguidores del exmandatario.
La querella fue presentada por el Procurador General del Estado, José María Cabrera, quien, en contacto desde Holanda con el canal estatal, dijo que al menos 40 personas perdieron la vida por la falta de oxígeno medicinal por los cortes de ruta que instruyó el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, mismos que habrían sido alentados por Morales desde su exilio en Buenos Aires para reclamar la realización de elecciones presidenciales.
“No es una demanda política, sino de justicia. El Código Penal de Bolivia no establece el tipo penal de delitos de lesa humanidad por acto inhumano; el Estatuto de Roma sí lo establece, por tanto, la jurisdicción internacional está habilitada para el juzgamiento”, dijo Cabrera.
La CPI deberá analizar si la denuncia amerita abrir un proceso.
Las protestas convocadas por la COB y partidarios de Morales duraron tres semanas en agosto y agravaron la crisis sanitaria debido a la pandemia, según las autoridades bolivianas. Fueron convocadas en rechazo a la postergación de los comicios que debían realizarse en septiembre y fueron retrasados para el 18 de octubre.
No es la primera denuncia internacional contra Morales, quien vive asilado en Argentina desde que renunció en noviembre del año pasado en medio de una violenta convulsión que dejo 36 muertos después de unas elecciones denunciadas como fraudulentas en las que el político buscaba otra reelección tras 14 años en el poder.
Esta semana, el gobierno interino también presentó una queja ante Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en contra del gobierno argentino por supuesta intromisión después que el 22 de agosto el subsecretario de Obras Públicas de Argentina, Edgardo Depetri, se reuniera con el expresidente y escribiera en su cuenta de Twitter: “Nos comprometimos a fortalecer la participación de migrantes bolivianos, en la elección presidencial, para que Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático”.
Morales, desde Argentina, asumió la jefatura de campaña de su partido rumbo a las elecciones.
“El gobierno boliviano considera que las declaraciones de autoridades del gobierno de Argentina reflejan una clara intensión de injerencia en los asuntos de Bolivia”, señala el documento presentado ante la ONU y OEA
El exmandatario también tiene otros procesos abiertos en Bolivia, uno por sedición y terrorismo y otro reciente por estupro, todos interpuestos por el gobierno interino de Áñez.
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