Canadá anunció el martes que despenalizará las drogas duras en un proyecto piloto en Columbia Británica que busca atacar una crisis de opioides que deja miles de muertos. Su enfoque es tratar las adicciones en lugar de encarcelar a los consumidores de drogas por su posesión.
El 31 de enero de 2023 entrará en vigor una exención a la ley que permite la posesión de opioides, cocaína, metanfetamina y otras drogas duras, por un periodo de tres años, informó la ministra federal de Salud Mental y Adicciones, Carolyn Bennett, esto como respuesta a un pedido de la provincia de Columbia Británica.
En lugar de eso, los usuarios recibirán información sobre cómo acceder a ayuda médica para las adicciones.
"Durante demasiados años, la oposición ideológica a la reducción del daño ha costado vidas [...] Hacemos esto para salvar vidas, pero también para dar su dignidad y (capacidad de) decisión a los usuarios de drogas", dijo Bennett en una conferencia de prensa al anunciar el programa piloto.
Bennett agregó que esta ley se convertirá en "un modelo para otras jurisdicciones de Canadá". Varias ciudades, incluyendo Montreal y Toronto, han manifestado su deseo de obtener exenciones similares.
El Nuevo Partido Democrático, presentará en el Parlamento, este miércoles 1 de junio, una propuesta para despenalizar la posesión de droga en todo el país, sin embargo se prevé que no se apruebe.
Columbia Británica se convierte así en la segunda jurisdicción en Norteamérica en despenalizar las drogas duras, luego de que lo hiciera en noviembre de 2020 el estado estadounidense de Oregón, ofreciendo hasta el momento resultados limitados, pues pocas personas se acercaron a los tratamientos de adicciones, mientras cayó el gasto en vigilancia policial.
Según datos del gobierno federal, 26 mil 690 personas murieron por sobredosis de opioides en Canadá entre enero de 2016 y septiembre de 2021.
Se estima que en Columbia Británica seis personas mueren cada día por intoxicaciones relacionadas con opioides.
Más de 2 mil 200 personas fallecieron el año pasado, y unas 9 mil 400 desde que la jefa de salud pública de la provincia, Bonnie Henry, declaró la emergencia de salud pública en 2016.