La lucha por los derechos reproductivos en la República Dominicana ha tomado un nuevo e histórico impulso. Rosa Herminia Hernández, madre de Rosaura Almonte, la adolescente de 16 años que falleció en 2012 tras retrasársele el tratamiento contra la leucemia por estar embarazada, ha presentado una impugnación formal ante el Tribunal Constitucional.
Esta acción legal busca derribar una de las legislaciones más restrictivas de la región, que penaliza el aborto sin excepciones, incluso cuando la vida de la madre corre peligro.
El sacrificio de Rosaura Almonte y la lucha por el aborto legal
El caso de Rosaura, conocida en su momento como "Esperancita", personifica las consecuencias devastadoras de la actual legislación dominicana. Con apenas tres semanas de embarazo, la adolescente necesitaba quimioterapia urgente para combatir la leucemia, pero los médicos retrasaron el tratamiento por temor a violar la ley.
"Mi hija murió porque se le negó la atención médica que necesitaba. Ninguna otra madre debería tener que pasar por esto"
Manifestó Hernández en un comunicado que resuena como un clamor por la justicia. Grupos de la sociedad civil, incluyendo una organización cristiana, se han sumado a la demanda argumentando que la prohibición absoluta vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud, la dignidad y la igualdad.
Un desafío constitucional frente a la prohibición total del aborto
La impugnación presentada busca que se permita la interrupción del embarazo en tres causales específicas: cuando la vida o salud de la mujer esté en peligro, en casos de violación o incesto, o ante anomalías fetales incompatibles con la vida.
Actualmente, las mujeres enfrentan hasta dos años de prisión por abortar, mientras que los profesionales de la salud podrían recibir condenas de hasta 20 años. La abogada Patricia Santana Nina, parte del equipo legal, sostiene que la acción busca algo fundamental:
"Que ninguna mujer o niña tenga que elegir entre su vida, su salud y la ley".
El documento legal cuestiona directamente la ética detrás de la normativa vigente, preguntando si es legítimo mantener una amenaza penal permanente contra mujeres en emergencias médicas solo para sostener una postura moral.
Criminalización y desigualdad: El impacto de la ley de aborto dominicana
La realidad de las cifras oficiales revela un sistema que, aunque punitivo, no detiene las interrupciones del embarazo, sino que las vuelve peligrosas y discriminatorias. Entre 2019 y 2024, el sector público registró más de 67,000 abortos, sin distinguir entre inducidos y espontáneos.
Mientras tanto, la persecución penal continúa; se registraron 62 causas penales por aborto entre 2017 y 2022, antes de que las autoridades dejaran de publicar estos datos.
La prohibición agrava las brechas sociales: las mujeres con recursos económicos acceden a clínicas privadas o viajan al extranjero, mientras que las que viven en pobreza quedan expuestas a procesos penales y riesgos sanitarios. En la impugnación se destaca que las mujeres perseguidas suelen compartir condiciones de precariedad laboral, bajo nivel educativo y vulnerabilidad socioeconómica.
Es, en esencia, una ley que castiga con mayor dureza a quienes menos tienen, obligándolas a enfrentar situaciones inhumanas, como el caso de una víctima de violación que, tras sufrir un aborto espontáneo, fue detenida diez días sin atención médica adecuada.
DF