El independentismo catalán inició una semana decisiva en su enfrentamiento con el gobierno español de Mariano Rajoy con crecientes llamados a la desobediencia y a declarar la secesión.
Los partidos independentistas en Cataluña propusieron un pleno parlamentario el jueves para "analizar la agresión institucional" que según ellos supondría la intervención de la autonomía regional que prepara el gobierno español, informó el portavoz de la mayoría parlamentaria, Lluís Corominas.
La formación independentista CUP (Candidatura de Unidad Popular), que no es parte del gobierno de Carles Puigdemont pero garantiza su supervivencia con sus 10 diputados, pidió que la sesión parlamentaria sirva para proclamar la independencia.
"La CUP-CC quiere poner de manifiesto, en esta semana crucial" que "la declaración de la república está plenamente legitimada" y "apostamos porque el Parlamento la haga cuanto antes", afirmó el partido de extrema izquierda en un comunicado.
Bomberos y profesores contra el 155
Al amparo del artículo 155, el gobierno de Mariano Rajoy pretende dirigir Cataluña desde Madrid, abriendo la puerta a la toma de control de la policía catalana, los medios de comunicación públicos y todos los departamentos de la administración regional.
En Cataluña, el sindicato mayoritario en el sector educativo, USTEC, anunció el domingo que "no reconocerá como interlocutores válidos a aquellas personas que no sean representantes de la legitimidad popular", haciendo un llamado "a la comunidad educativa a resistir las imposiciones" del Estado.
Los bomberos adscritos a la organización social independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) también afirmaron: "No reconocemos otra autoridad que nuestro presidente, nuestro gobierno y nuestro parlamento".
Una fuente de los bomberos independentistas explicó, bajo anonimato: "Como bomberos, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, eso es indiscutible, pero depende de lo que nos pidan hacer: si hay una carretera cortada y nos envían a desbloquearla, quizás no vayamos".
En la sesión del legislativo catalán, los diputados catalanes podrían declarar la independencia, en cumplimiento de los resultados del referéndum inconstitucional del 1 de octubre, en que la secesión recibió el apoyo más del 90 por ciento de los electores.
La secretaria primera de la mesa del Parlamento catalán, Anna Simó, del partido independentista ERC (Izquierda Republicana de Cataluña), coincidió en que estamos en "el lunes de una semana definitiva", en declaraciones a la televisión pública catalana TV3.
El líder en Cataluña del Partido Popular de Rajoy, Xavier García Albiol, respondió que "no se le va a permitir" a los independentistas usar el pleno del jueves para proclamar la secesión.
Puigdemont dejaría de cobrar
La indignación entre la mitad aproximada de la sociedad catalana que apoya la independencia aumentó en los últimos días, y con ella, los apremios a que Puigdemont dé el paso definitivo.
Otras voces le reclaman que convoque elecciones antes de que lo haga Rajoy por él, lo que aparece como una vía de salida a la crisis. Sin embargo, el gobierno catalán dijo que esta opción "no está sobre la mesa", en palabras de su portavoz Jordi Turull.
Dos sondeos publicados este lunes por diarios españoles auguran resultados diferentes para el independentismo, en el caso de que se avanzaran unas elecciones regionales previstas inicialmente en 2019: el de El Periódico sostiene que renovaría por poco su mayoría absoluta, y el de La Razón que se quedaría a un escaño de hacerlo.
Tanto en Madrid como en Barcelona van trascendiendo detalles de cómo se aplicará el 155 y de cuál será la respuesta de las organizaciones independentistas y los funcionarios catalanes, con propuestas de desobediencia y resistencia pacífica sobre la mesa que podrían torpedear enormemente las pretensiones de Rajoy.
Sobre el cese del gobierno catalán y su presidente, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo, a la emisora de radio Onda Cero, que Puigdemont "dejará de cobrar", su firma no tendrá validez y "dejará de tener lo que acompaña al presidente de la Generalitat".