La ciudad de Chicago presentará una demanda contra la administración de Donald Trump, en la que denunciará como ilegal que el gobierno federal retenga las subvenciones para la seguridad a las llamadas “ciudades santuario”.
Chicago no “será chantajeada para que cambiemos nuestros valores, somos y continuaremos siendo una ciudad acogedora”, afirmó el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel.
No hay una definición oficial de “ciudad santuario”, pero a menudo significa que una ciudad coopera poco —o no lo hace— con las autoridades federales de migración en cuanto a la persecución de personas que viven en Estados Unidos sin autorización.
Una ciudad puede recibir esa denominación, por ejemplo, cuando le ordena a su policía que no pregunte sobre la residencia legal de los detenidos o que decline peticiones de las autoridades migratorias para mantener retenidos a los acusados mientras esperan ser deportados.
Según funcionarios de la ciudad, son inconstitucionales los nuevos requisitos para la entrega de las subvenciones que se canalizarían a la seguridad pública y que incluyen que las ciudades compartan información con las autoridades federales de inmigración.
El año pasado, Chicago recibió subvenciones de ese tipo por más de dos millones de dólares, que se han utilizado para la compra de vehículos policiales.
Chicago está recibiendo asistencia gratuita de dos despachos jurídicos.
Las autoridades federales han amenazado con retener la entrega de recursos federales a las ciudades santuario con el argumento de que incumplen las leyes federales.