Colombia desplegará 400 militares para combatir a los grupos narcotraficantes que operan en las fronteras con Perú, Ecuador y Brasil, ante el aumento de asesinatos y desplazamientos en los últimos meses, anunció el gobierno.
Serán seis pelotones con 400 soldados y oficiales, que van a estar al frente de las operaciones (...) para bloquear los corredores de tráfico de droga hacia los demás países en el sur de Colombia, dijo a la prensa el ministro de Interior, Alfonso Prada, al término de un consejo de seguridad.
El presidente Gustavo Petro convocó la reunión con altos mandos de las Fuerzas Armadas, a raíz de los recientes combates entre agrupaciones ilegales que dejan 18 muertos y el desplazamiento de una docena de familias en el departamento de Putumayo (suroeste), fronterizo con Ecuador y Perú.
Los enfrentamientos involucran a disidentes de las FARC, la guerrilla que se desmovilizó tras firmar la paz en 2016, y a los llamados Comandos de Frontera.
Según el gobierno, ambas organizaciones pelean por el control de las rutas de narcotráfico en las selvas de la frontera colombo-ecuatoriana.
"Hemos establecido un contacto con los países en la frontera, porque notamos una actividad que vamos a combatir con nuestras fuerzas, pero también con la colaboración internacional", sostuvo Prada.
Según el ministro, el gobierno también ha entrado en contacto con autoridades de Panamá y Venezuela, en cuyas zonas fronterizas ejercen influencia la poderosa banda narco del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), respectivamente.
Con unos dos mil 500 integrantes y una amplia red de apoyo urbano el ELN, última guerrilla reconocida del país, sostiene conversaciones de paz con delegados de Petro en Venezuela desde el pasado 27 de noviembre.
A pesar del pacto de paz, Colombia sigue enfrentado a varias facciones rebeldes que se apartaron del acuerdo y a otros grupos que buscan las rentas del tráfico de cocaína en el país que más produce esta sustancia a nivel mundial.
En el marco de una política de paz total el gobierno busca negociar el desmantelamiento de las disidencias y los demás grupos armados a cambio de beneficios judiciales.
MQ