Caracas, Venezuela.- La oposición venezolana tomó de nuevo las calles para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro y espera que los militares acaten la orden del jefe de las Fuerzas Armadas de no cometer "atrocidades" en las manifestaciones. Miles de opositores intentaban llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el centro de Caracas, para protestar contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro, que consideran un "fraude" para perpetuarse en el poder.
Pero a lo largo de dos meses de protestas las fuerzas de seguridad han impedido a los manifestantes alcanzar esa zona, dispersándolos con bombas lacrimógenas. Los opositores los acusan de reprimirlos "salvajemente", disparándoles al cuerpo esos artefactos, perdigones metálicos y canicas.
En un reconocimiento de excesos cometidos por militares en las protestas, el jefe de la Fuerza Armada y ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió: "No quiero ver un guardia más cometiendo una atrocidad en la calle".
"Emplazamos a Padrino López a que haga buena su palabra y deje que la marcha se haga en paz", manifestó Julio Borges, presidente del Parlamento, único poder del Estado bajo control opositor. Las protestas que estallaron el 1 de abril dejan 65 muertos, un millar de heridos y cientos de detenidos, según la Fiscalía, cuyas investigaciones cuestionadas por el gobierno señalan que al menos una de esas muertes, la del joven Juan Pernalete, fue provocada por el impacto de una bomba lacrimógena.
"Se han convertido en unos delincuentes, no sólo asesinan, sino que ahora le roban los zapatos, el bolso a la gente. Esperamos que los funcionarios de la Policía y la Guardia permitan la movilización, si no, las palabras del ministro se quedarán en una mentira", declaró el dirigente estudiantil universitario Alfredo García, durante la movilización.
"Las palabras no bastan"
La declaración del ministro se produjo en medio del rechazo generado por videos que circularon en redes sociales. En ellos se ve a policías y militares agrediendo y despojando de sus pertenencias a varias personas durante una protesta opositora.
"El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y que se comporte, no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad", advirtió Padrino López, sin aludir directamente a los señalamientos contra las fuerzas de seguridad.
El general, quien ha declarado "lealtad incondicional" a Maduro, había asegurado recientemente que la actuación de los cuerpos de seguridad en las movilizaciones opositoras se realiza con "absoluto respeto por los derechos humanos" y negó que hubiera represión, sino "control del orden público".
"Las palabras solas no bastan, Padrino López. Mete presos a los guardias que abusan", desafió la diputada Delsa Solórzano, quien se lanzó contra el ministro de Interior, general Néstor Reverol, a cuyo mando está la Policía Nacional Bolivariana, tildándolo de "asesino".
Reverol, sobre quien pesan sanciones de Estados Unidos por supuesto narcotráfico, fue citado por el Parlamento para rendir cuentas por la "represión". Al no acudir, se votará una moción de censura para su "remoción", pero las decisiones legislativas son consideradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia.
Las fuerzas de seguridad han sido también criticadas por la fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista pero ahora considerada "traidora" por el gobierno, por una supuesta "ligereza" al juzgar la actuación de las tropas.
"Nadie lo podrá impedir"
Para la oposición, las declaraciones del ministro demuestran que las protestas están surtiendo efecto. "Tenemos que seguir en la calle hasta que Maduro negocie su salida (...) o los militares le retiren su apoyo", afirmó el opositor Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento.
Pero el gobierno asegura que está firme. "El domingo 30 de julio, llueva, truene o relampaguee, el pueblo a votar y elegir su Constituyente", manifestó Maduro, al intervenir en una reunión de estudiantes para impulsar su iniciativa.
El gobernante acusó a sus adversarios de ejercer una "violencia extremista" para evitar la Constituyente, con el apoyo de Estados Unidos. La oposición califica de "fraude" la Constituyente porque no fue convocada en referendo por los venezolanos y porque tiene un sistema de votación territorial y por sectores sociales que, asegura, garantizará que el chavismo gane la mayoría de los 545 asambleístas.
Para la oposición, una elección general es la única salida a la severa crisis política y económica que vive el país petrolero, con una escasez crónica de alimentos y medicinas y una inflación que podría llegar a 720 por ciento en 2017, según el FMI.