En un movimiento que redefine la estrategia de seguridad y salud pública en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva destinada a reclasificar la marihuana como una droga de menor peligrosidad.
Esta decisión busca reducir la brecha entre las estrictas leyes federales y la creciente tendencia de legalización en la mayoría de los estados del país.
El cambio fundamental radica en mover la marihuana de la Lista I, donde actualmente se encuentra junto a sustancias de alto riesgo y sin valor médico aceptado, como la heroína y el LSD, a la Lista III.
En esta nueva categoría, el cannabis compartirá espacio con sustancias como:
- Ketamina.
- Esteroides anabólicos.
- Algunos productos de codeína.
Este ajuste no es menor: la reclasificación abre canales oficiales para la investigación médica avanzada y, sobre todo, promete aliviar la presión fiscal que enfrentan los empresarios del sector, quienes actualmente operan bajo restricciones financieras extremas debido al estatus ilegal de la planta a nivel federal.
Aunque la administración de Joe Biden ya había propuesto este cambio a través del Departamento de Justicia, la ejecución bajo el mandato de Trump presenta matices distintos. A diferencia del consenso demócrata, Trump enfrenta una fractura en el Partido Republicano.
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Mientras algunos sectores aplauden la modernización de la ley, otros legisladores conservadores han instado al presidente a mantener los estándares actuales, argumentando riesgos para la salud pública.
¿Qué sucederá ahora?
El proceso de reclasificación suele ser extremadamente lento y burocrático. Hasta ahora, la DEA (Agencia Antidrogas) se encontraba analizando decenas de miles de comentarios públicos recolectados durante meses. La orden ejecutiva de este jueves tiene como objetivo principal acelerar estos tiempos, aunque aún no hay una fecha establecida para que el cambio entre en vigor plenamente.
Es importante destacar que esta medida no legaliza el uso recreativo a nivel nacional. Las personas que consumen marihuana en estados donde no está permitido seguirán sujetas a posibles enjuiciamientos federales, aunque la reclasificación sugiere un cambio de prioridades en la vigilancia de esta sustancia.