El hilo de la madeja de la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht parece no tener fin. La ex fiscal venezolana Luisa Ortega abrió otro frente con las denuncias contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios por los supuestos sobornos recibidos de esa empresa.
Ortega, huida de Venezuela, denunció en Brasil que solo Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del gobierno que sustenta a Maduro, habría recibido 100 millones de dólares y aseguró tener pruebas de sobornos millonarios al presidente.
Durante los años de bonanza en América Latina, propicia para construir infraestructuras, y al amparo de la política de la obra pública promovida por el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2010), Odebrecht encontró un caldo de cultivo favorable para corromper y ganar contratos.
Es una capacidad que parece no tener límites. En América Latina y África habría repartido más de 3 mil millones de dólares debajo de la mesa para adjudicarse proyectos o corromper a presidentes, funcionarios o financiar campañas políticas, según las confesiones hechas por 77 ejecutivos de la firma en un acuerdo de colaboración alcanzado con la justicia brasileña.
Es difícil saber si el escándalo tocó fondo. “No tenemos todavía una dimensión absoluta de la extensión de esos tentáculos. Existen algunos nichos que en Brasil todavía no han sido investigados y es necesario investigar más”, afirma Silvana Batini, procuradora de la República.
Uno de ellos es el papel del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), potenciado por Lula tras llegar al poder en 2003 para apoyar a las grandes empresas de infraestructura brasileñas.
“El BNDES tuvo un papel decisivo en la política económica en los gobiernos del Partido de los Trabajadores (al que pertenece Lula), porque fue uno de los grandes vehículos escogidos para transferencias de dinero para la realización de la política de protección de empresarios”, dijo Batini.
Muchas de esas empresas, como la cárnica JBS o la constructora Odebrecht, entre otras, “crecieron a costa del BNDES y hoy sabemos que crecieron de forma criminal y crecieron pagando partidas ilícitas a los políticos”, destacó.
Ex presidentes, ministros y funcionarios están en la cárcel en varios países latinoamericanos acusados de haber recibido sobornos para favorecer a la constructora en las licitaciones.
En Perú, el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, están en prisión preventiva por haber recibido unos 3 millones de dólares de la constructora brasileña para su campaña política de 2011. Sobre el también ex mandatario Alejandro Toledo pende una orden de extradición de EU y varios funcionarios del gobierno de Alán García están siendo investigados.
En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas es investigado por presunta asociación ilícita en la trama de millonarios sobornos a funcionarios ecuatorianos para conseguir contratos.
En Colombia, el ex ministro adjunto de Transporte Gabriel García y el ex senador Otto Bula fueron detenidos y la justicia investiga si Odebrecht aportó fondos para la campaña electoral del presidente Juan Manuel Santos.
En Panamá, el hermano y el hijo del ex presidente Ricardo Martinelli, así como una decena de empresarios, están en la mira de la justicia.
En Argentina, la empresa fue suspendida en julio pasado para participar de licitaciones y es investigada en al menos tres contratos.
En México, el ex director de Pemex Emilio Lozoya también está en el ojo de la justicia por presuntos sobornos de la brasileña.
La trama de Odebrecht es parte de otra mucho mayor destapada en Brasil en 2014, la Operación Lava Jato, que dejó en evidencia que las empresas brasileñas de la construcción habían montado un cártel para alterar los mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras, sobornando a dirigentes de todo el espectro político.
La constructora y su filial, Braskem, aceptaron en diciembre pasado pagar multas por 3 mil 500 millones de dólares por su sistema de sobornos, que incluyó a una docena de países latinoamericanos, así como a Mozambique y Angola. De esa suma, 10% resarcirá delitos en EU, otro 10% en Suiza y 80% en Brasil.
La Operación Lava Jato desveló la mayor red de corrupción de la historia de Brasil que afecta a Petrobras y salpica al propio presidente, Michel Temer.