La ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, opta por fijar un impuesto del 3 por ciento sobre las operaciones en el país a las grandes plataformas tecnológicas. Se trata de la llamada tasa digital o tasa Google para gravar a las empresas que venden datos, servicios de publicidad online o de intermediación, lo que incluye a Airbnb y Uber.
La Comisión Europea propone gravar con ese porcentaje a las grandes plataformas mundiales que facturan más de 750 millones de euros en el mundo. Se trata de un nuevo impuesto indirecto por cada operación que realicen las empresas tecnológicas afectadas, por lo que tendrán tentación de repercutirlo al cliente.
En el caso de Amazon, las operaciones gravadas especialmente serían en las que actúa como mero intermediario, según apuntan en Hacienda. La tasa Google puede generar ingresos de cientos de millones de euros anuales, según las primeras estimaciones, aunque Hacienda no ha proporcionado ningún dato oficial hasta ahora.
Será precisa la aprobación en las Cortes de la nueva ley que establezca este gravamen, pero el gobierno del Partido Popular ya anunció que tenía intención de crearlo antes de dejar el poder.
"Hay plataformas dedicadas a este servicio que generan miles de millones y no tributan de manera adecuada, porque la fiscalidad actual no reconoce este tipo de actividad y entran en competencia desleal con sectores tradicionales", dijo la titular de Hacienda.
Tras el comentario de Montero, un vocero de Airbnb salió al paso al asegurar que la compañía "cumple con la regulación y paga todos los impuestos correspondientes en los lugares donde opera. "La oficina en España ofrece servicios de marketing y paga todos los impuestos aplicables, incluido el IVA.
El modelo de Airbnb es único y contribuyó la economía española en 4 mil millones de euros sólo el año pasado, impulsando a las personas y a las comunidades locales, sujetas a impuestos locales.
Este modelo también hace que Airbnb sea fundamentalmente diferente de las compañías que extraen grandes sumas de dinero de los lugares donde hacen negocios".
Durante su comparecencia en el Senado, Montero también detalló que tiene prácticamente ultimado un acuerdo con el partido Podemos para reducir el impuesto de sociedades en dos puntos a las pequeñas y medianas empresas que facturen menos de un millón de euros y, en contraste, un endurecimiento adicional a las grandes corporaciones.
Su plan es rebajar al 95 por ciento la exención del 100 por ciento de impuestos a los beneficios obtenidos por las multinacionales españolas en el exterior.
Montero asegura que sigue la estela de Francia que ya impone ese 5 por ciento de tributación, pese a que las ganancias sean obtenidas en países con convenio de doble imposición.
La ministra ratifica que se bajará el IVA a los productos de higiene íntima femenina, del 10 al 4 por ciento, y avanza que se trabaja en el IVA veterinario, que ahora está sujeto al tipo general del 21 por ciento.
La ministra fue rotunda ante los senadores sobre que "no va a haber convocatoria electoral" y se ha mostrado segura de que presentará un proyecto de Presupuestos para 2019 acordado con Podemos, aunque no ha descartado seguir la legislatura con las actuales cuentas del gobierno del PP si no hubiera acuerdo parlamentario para otros nuevos.
Montero también advirtió de que el Ejecutivo no va a hacer "dejación de responsabilidades políticas" porque algunas formaciones "se empeñen en derribar al gobierno", sino que busca pactos con quienes estén dispuestos a hacer "concesiones" desde una vía "responsable", según un informe Europa Press.
Por ello, trabaja en los Presupuestos de 2019 para que sean "más sociales, igualitarios y redistributivos", para lo que contará con 125 mil millones de euros, una cantidad que permitirá el desarrollo de políticas en pro de una recuperación económica "más justa", ya que aún no ha llegado a "muchos hogares".
A este respecto, ha defendido que la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto de la Cámara Alta al déficit no constituye un "menosprecio" ni una "falta de atención", sino que se trata de una disfunción normativa, por lo que el Ejecutivo continuará con su "interés legítimo y democrático" para que vea la luz la proposición de ley que sortearía ese veto y permitiría establecer la senda de déficit del gobierno socialista, que conlleva un margen adicional de 6 mil millones de euros.