WASHINGTON. — Estados Unidos acusó el miércoles a Nicolás Maduro de haber exportado ilegalmente al menos 21 toneladas métricas de oro a Turquía en meses recientes, en lo que describió como una nueva estrategia del mandatario venezolano para obtener nuevas fuentes de financiamiento ante la caída de los precios del petróleo.
“Hemos visto 21 toneladas métricas o más que han ido a Turquía en meses recientes, y hemos visto a empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionaron en la corrupción relacionada al programa de cajas de comida CLAP”, dijo Marshall Billingslea, subsecretario para el financiamiento al terrorismo del Departamento del Tesoro.
Ese organismo del gobierno estadounidense calcula que al menos el 70% del programa gubernamental venezolano para subsidiar alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como “CLAP”, está sumido en la corrupción, citando evidencia de cobros excesivos a través de empresas fantasma.
Al ofrecer una conferencia en la Brookings Institution, Billingslea rehusó adelantar si su despacho prepara sanciones enfocadas en las exportaciones auríferas. Dijo que su intención es denunciar esta actividad económica y pedir a otros países que presten atención a lo que describió como “saqueo”, ya que la actividad no tiene el aval de la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición.
“Este oro sale del país sin ninguna de las precauciones habituales para garantizar que los fondos sean auditados y catalogados debidamente como pertenecientes al pueblo venezolano”, indicó.
Es la primera vez que Estados Unidos critica públicamente el gran proyecto minero estatal "Arco Minero" que Maduro lanzó en 2016.
Suzanne Maloney, subdirectora de política exterior en la Brookings Institution, dijo durante la misma conferencia que los turcos han usado el oro para brindar ayuda clave a Irán para que pudiera burlar sanciones económicas estadounidenses.
Maduro ha dicho que su gobierno fortalecerá las relaciones con Turquía _y otros países_ después de que Washington prohibiera transacciones con bonos emitidos por el gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA, e impusiera sanciones a un centenar de funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.
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