La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el gobierno de Joe Biden puede anular una política de migración de su predecesor Donald Trump, misma que obliga a los solicitantes de asilo esperar en México sus audiencias de cortes norteamericanas, decisión que significa una victoria para el actual gobierno, que buscaba atender el número creciente de personas que buscar refugio en la frontera.
El fallo de la Corte Suprema tendrá pocas consecuencias inmediatas, pues la política conocida como Permanecer en México no se ha aplicado con cotidianidad durante el actual gobierno, el cual la restituyó después de que lo ordenara una corte en diciembre; contrario a la administración de Trump.
El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos fue decidido luego de que dos jueces conservadores se sumaron a sus tres similares liberales en el respaldo a la posición de la Casa Blanca.
Durante el gobierno del anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el programa inscribió a cerca de 70 mil personas desde 2019; sin embargo, Biden suspendió la política, conocida como Protocolos de Protección a Migrantes, por lo que diversos tribunales inferiores ordenaron que se restableciera en por una demanda presentada por los estados de Texas y Missouri.
La Corte consideró que la frontera entre México y Estados Unidos cambió considerablemente desde que la política formó parte de la administración de Trump.
Otra política del gobierno de Trump que continúa en vigor y que el fallo no incluyó es la conocida como Título 42, que permite al gobierno expulsar rápidamente a los migrantes sin darles oportunidad de que soliciten asilo, haciendo a un lado la ley estadunidense y un tratado internacional bajo el argumento de que se aplica para contener la propagación del covid-19, haciendo que se hayan realizado más de dos millones de expulsiones desde que marzo de 2020.
En mayo pasado, un juez federal en Luisiana le impidió al gobierno de Biden suspender el Título 42 en un caso que a la larga podría ir a parar a la Corte Suprema.
El fallo sobre la política Permanecer en México fue informado el mismo día en que la corte dio un duro golpe al gobierno de Biden en un caso ambiental importante en torno a la principal ley contra la contaminación del aire en Estados Unidos, decisión que pudiera complicar los planes de la administración para combatir el calentamiento global.
El centro de la disputa legal en el caso de inmigración era determinar si las autoridades migratorias federales, con mucha menor capacidad de detención que la necesaria, tenían que enviar a personas a México o si contaban con discreción bajo la ley federal para dejar a solicitantes de asilo en libertad en Estados Unidos mientras aguardan a ser convocados a sus audiencias.
Después de que Biden suspendió el programa, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le puso fin en junio de 2021. En octubre, ese departamento presentó justificaciones adicionales para la desaparición de la política, pero los tribunales no les dieron el visto bueno.
El presidente del máximo tribunal, John Roberts, escribió en la opinión de la mayoría que la corte de apelaciones “erró al fallar que” la ley federal de Inmigración y Nacionalidad “requería que el gobierno continuase implementando” la política decretada por Trump. Se sumaron su colega conservador Brett Kavanaugh —nombrado por Trump— y los tres jueces liberales de la corte: Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
Kavanaugh escribió por separado que en general, cuando no existe capacidad suficiente para detenciones, tanto dejar en libertad a los solicitantes de asilo en Estados Unidos como enviarles de regreso a México “son opciones legalmente permisibles bajo las leyes de inmigración”.
Ni Biden ni el Departamento de Seguridad Nacional han hecho comentarios sobre el fallo.
El profesor de derecho Stephen Yale-Loehr, de la Universidad de Cornell y experto en inmigración, dijo que el gobierno de Biden no tiene que tomar pasos adicionales para poner fin a la política, pero Texas y Missouri pueden impugnar con el fin de que se determine si el gobierno federal siguió los procedimientos adecuados para suspender el programa o no.
En el disenso a nombre de él y sus colegas conservadores Clarence Thomas y Neil Gorsuch, el ministro Samuel Alito escribió que la práctica de dejar en libertad a “incalculables números de extranjeros” en Estados Unidos “infringe los términos claros de la ley, pero la corte se hace de la vista gorda". La magistrada Amy Coney Barrett dijo que coincidía con el análisis de la mayoría sobre los méritos del caso, pero que ella habría regresado el caso a una corte de menor instancia para su reconsideración.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en una declaración que el fallo de la corte es “desafortunado”. Argumentó que la decisión “empeorará la crisis fronteriza. Pero no es el fin. Seguiré adelante y me concentraré en proteger la frontera y mantener seguras a nuestras comunidades en la otra docena de demandas de inmigración que estoy litigando en las cortes”. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que el fallo “sólo alienta la política fronteriza de puertas abiertas del gobierno de Biden”.
Desde diciembre, el gobierno sólo ha registrado a 7.259 migrantes en “Permancer en México”. Entre diciembre y mayo, las autoridades estadunidenses detuvieron a migrantes 1.2 millones de veces en la frontera con México, lo que ilustra el impacto limitado que ha tenido la política en el gobierno de Biden.
Aproximadamente seis de cada 10 personas en el programa eran nicaragüenses. El gobierno ha dicho que aplicaría la política a nacionalidades menos propensas a estar sujetas a los límites implementados debido a la pandemia de covid-19. Las malas relaciones diplomáticas con Nicaragua le dificultan extremadamente a Estados Unidos repatriar a los ciudadanos de ese país bajo el Título 42.
Los defensores de los inmigrantes reconocieron que un número relativamente pequeño de solicitantes de asilo que llegaron a la frontera suroccidental se ven afectados por el programa PPM que abordó la corte. De todas formas, activistas y demócratas figuraron entre quienes elogiaron la decisión, al igual que quienes están aguardando en México.
Oscar René Cruz, taxista nicaragüense que se encuentra en un albergue del Ejército de Salvación en Tijuana, México, dijo después del fallo que estaba muy contento, aguardando a ver qué sucede con las personas como él. Saben que el programa ha terminado pero no se les ha indicado que sucederá con ellos, agregó.
Cruz dijo esperar que pronto termine la política de que tengan que esperar en México y señaló que nadie quiere quedarse en el país latinoamericano.
La representante demócrata Pramila Jayapal dijo en un comunicado que aquellos que “huyen de la violencia y la persecución para buscar asilo —al que tienen derecho por ley— no deberían ser obligados a permanecer en lugares considerados peligrosos e inseguros mientras esperan su audiencia en una corte”.
Jacob Lichtenbaum, abogado del grupo defensor de los derechos de los inmigrantes CASA en Maryland, dijo que el fallo es una “victoria importante para la seguridad, la compasión y el estado de derecho”.
Sin embargo, el representante John Katko, el republicano de más alto rango en la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo que el programa “Permanecer en México” era una herramienta crucial para ayudar a gestionar las llegadas en la frontera suroccidental, y señaló que el gobierno actual carece de un plan para abordar el asunto.
KT