El presidente peruano Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia en Perú horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su tercer intento de destituirlo por una investigación fiscal que comprueba los presuntos nexos de Castillo con una organización criminal que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
La disolución del Congreso, de acuerdo con el presidente, es para convocar a la brevedad un “nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses”.
"A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy (...) desde las 03:00 hasta las 09:00 (del jueves)”, agregó el mandatario.
El anuncio de Castillo es tomado como un golpe de estado, ya que según el analista político Augusto Álvarez, el presidente ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad.
¿Por qué buscan destituir a Pedro Castillo?
La lucha que enfrenta Perú en contra de su presidente comenzó este 2022 tras una investigación fiscal contra el mandatario por dirigir una presunta organización criminal que reparte contratos públicos a cambio de dinero. Por ello, la Fiscalía pidió inhabilitar a Castillo por tercera ocasión.
Además, desde que el mandatario asumió el poder en junio de 2021, ha vivido bajo el asedio del Congreso y la Fiscalía. Incluso en octubre pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una mediación, denunciando "un golpe de estado en marcha".
La oposición acusa a Castillo, un maestro rural de 53 años que debe gobernar hasta julio de 2026, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además le critican sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cinco gabinetes y una rotación de 80 ministros, algo inédito en Perú.
El pedido de destitución también surge cuando el prestigio del Congreso está por los suelos debido a escándalos de corrupción y una desaprobación de 86 por ciento en los sondeos, mientras que el presidente registra un rechazo del 70 por ciento, además de denuncias de cohecho a su entorno político y familiar.
Si Castillo llegara a ser destituido lo reemplazará su vicepresidenta Dina Boluarte, aunque si ella renuncia corresponderá al jefe del Congreso, José Williams, asumir el cargo.
MRG