Río de Janeiro, 13 Abr (Notimex).- Organizaciones no gubernamentales (ONG) acusaron al gobierno brasileño y al Legislativo de lanzar “la mayor ofensiva antiambiental” en décadas, como consecuencia de la aprobación de proyectos para reducir reservas naturales amazónicas y promover la minería y la expansión de las fronteras agrícolas.
Esa ONG afirmó que en esa época el país era "un paria internacional por causa de la destrucción acelerada de su patrimonio natural”.
A pesar de los esfuerzos por reducir la deforestación en comparación con la década de 1990, cuando las áreas arrasadas del Amazonas llegaron a sumar en un año 23 mil kilómetros cuadrados, Brasil no se comprometió aún a erradicar la deforestación ilegal y el año pasado el área deforestada aumentó un 29 por ciento, hasta los ocho mil kilómetros cuadrados.
La mayor selva tropical del planeta, que ocupa más del 50 por ciento del territorio brasileño, ha sufrido en los últimos 30 años los efectos de esta tala acelerada y corte raso, que va sucedida muchas veces por la quema de los remanentes del bosque, para abrir áreas de pasto para el ganado bovino o la producción agrícola. Una dinámica constante que amenaza seriamente al Amazonas, que ya perdió el 19 por ciento de todo el bioma, el equivalente a 750 mil kilómetros cuadrados (más de un tercio del territorio de México) en las últimas décadas.
En las últimas dos décadas Brasil se convirtió en una potencia mundial agropecuaria, gracias a las extraordinaria ventaja natural de su clima, así como al desarrollo de tecnología que ha permitido, por ejemplo, que un grano como la soya –característico de zonas templadas- den hasta dos cosechas por año en regiones tropicales.
Las exportaciones brasileñas agropecuarias rozaron los 85 mil millones de dólares el año pasado, sostenidas por los 25 mil millones de ventas en soya y derivados, así como a los 14 mil millones en carne de todo tipo que el país vende por todo el planeta.
La expansión del sector agropecuario ha dejado, sin embargo, una profunda huella ambiental.
La producción agropecuaria y la destrucción del bosque para abrir nuevas áreas para cultivos son hoy responsables del 70 por ciento del total de las emisiones brasileñas de gases con efecto invernadero, una cifra superior a la industria o el parque automovilístico.