Las autoridades guatemaltecas investigan denuncias de posibles vejámenes a niños en la secta Lev Tahor, un grupo judío ultraortodoxo acusado también de matrimonios forzados y embarazos de adolescentes, dijo este miércoles una funcionaria.
Con una orden judicial, las autoridades intentaron el viernes verificar el estado de los menores, pero los miembros de la comunidad restringieron el acceso a su finca situada en el municipio de Oratorio, unos 60 km al suroeste de la capital.
¿Qué se sabe sobre el caso?
"Tenemos mucha preocupación de cuál es la situación que se está viviendo dentro de la comunidad", señaló a la AFP Lucrecia Prera, jefa del área de niñez y adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, entidad que actúa como abogado del Estado guatemalteco.
La Procuraduría busca constatar las denuncias recibidas, varias de ellas anónimas, contra este grupo que se asentó en Oratorio en 2016 tras ser expulsado de un pueblo indígena en 2014 por un choque cultural y de costumbres con los pobladores locales y pasar un tiempo en un edificio de la capital.
El grupo se trasladó a Oratorio tras un allanamiento realizado por fiscales y policías a un edificio y otros inmuebles de la secta.
Las autoridades explicaron en ese momento que el operativo se realizó a petición de Israel en búsqueda de una niña y determinar si habían casos de maltrato infantil.
Lev Tahor fue formada en los años 1980 y sus miembros, que visten túnicas oscuras y practican una versión ultraortodoxa del judaísmo, se establecieron en Guatemala en 2013.
El grupo califica como "persecución religiosa" las investigaciones en su contra y asegura que son propiciadas por Israel.
Aunque hay denuncias desde 2018, las últimas acciones fueron emprendidas por el caso de un adolescente extranjero que a principios de año "solicitó ayuda" para regresar a su país tras denunciar que fue obligado a casarse a los 13 años, detalló Prera.
"Existe esa resistencia a las autoridades de poder establecer qué es lo que está sucediendo", agregó.
La Procuraduría estima que unos 100 menores viven en la comunidad que estaría conformada por unas 50 familias de Guatemala, Estados Unidos, Canadá y otros países.
Aunque el viernes pudo ingresar un juez y observó a 29 niños, "no podemos dar certeza si las denuncias [de abusos] son verdaderas o son falsas, ya que no se nos ha permitido realizar nuestro trabajo de la forma que corresponde", apuntó Prera.
Las autoridades también buscan establecer las condiciones de salud de los menores por denuncias de posible desnutrición y si cuentan con documentos de identidad.
MQ