Un hombre se hizo para por el hijo de una pareja militante del Ejército Revolucionario del Pueblo argentino que había sido secuestrada en Paraguay durante la última dictadura de ese país para poder cobrar reparaciones económicas como víctima de delito de agravio a la humanidad.
Se trata de Adrián Martínez Moreira, quien falsificó constancias de juzgados federales y adulteraba declaraciones de víctimas reales con nombres ficticios. Luego de una difícil investigación que lleva años y continúa, el hombre fue procesado recientemente junto a otras cuatro personas cómplices de su fraude.
Martínez era “el timonel” de la banda delictiva. Su primera declaración formal en 2013, cuando presentó hechos falsos en el proceso de juzgamiento de crímenes de agravio a la humanidad. Para conseguirlo, reunión información sobre causas y nombres de víctimas reales, así logró que un juez civil le diera la identidad que reclamaba.
De acuerdo al relato revalidado por la Justicia en aquel momento, sus padres habían sido secuestrados en 1988 y él, con dos años de edad, fue apropiado por un militar argentino. Después, una investigación experta en el asunto, contradijo esta versión, además, se llegó a descubrir a su hermana biológica, sin embargo, Martínez se negó a hacerse una prueba genética.
El nombre real del acusado es Matías Ezequiel López, y no nació en 1986, sino en 1993, pero utilizó su falsa identidad para engañar por años a víctimas reales de la dictadura y así representarlas ante el estado argentino.
La manera en la que se trabajaba con esas víctimas reales era engañarlas diciendo que Martínez era abogado y tenía contactos para resolver todo rápido, así conseguía la representación presentando amparos por mora contra el estado nacional para que los expedientes salieran lo antes posible.
Martínez Moreira siguió con su modus operandi, hasta visitaba familiares de desaparecidos y generaba lazos afectivos con ellos para conseguir datos para después utilizarlos a su beneficio.
Durante un allanamiento hecho en su casa del barrio porteño de Caballito, en Buenos Aires, en el que funcionaba la presunta sede de estudio jurídico, aseguraron cajas con documentación de todos los expedientes. Y ahora, un juzgado federal argentino procesó a Martínez con sus cuatro cómplices.
Mientras tanto, Martínez no puede salir del país ni mudarse, pero parte de su estrategia de defensa es insistir con que su historia es cierta, por lo que desde la secretaría de derechos humanos, estiman que es posible que haya más casos que aún no salieron a la luz.
AA