Cientos de policías fueron desplegados el 6 de noviembre en Honduras al entrar en vigencia el estado de excepción decretado por la presidenta Xiomara Castro para enfrentar a los pandilleros, que aterrorizan las barriadas pobres de las principales ciudades.
En una ceremonia en un polvoriento campo de fútbol del barrio residencial La Alemán, en el sur de la capital, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, ordenó a 600 oficiales y agentes iniciar el despliegue hacia barrios de la ciudad controlados por estas bandas.
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Esta operación es para hacerles frente a las estructuras criminales llamadas Pandilla 18 y MS-13, en referencia a Mara Salvatrucha-13, así como a otras estructuras del crimen organizado que se dedican a la narcoactividad, dijo el director en rueda de prensa, antes del despliegue.
Según Sánchez, en la operación participarán 20 mil policías en turnos rotatorios, incluyendo efectivos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), creada por el anterior presidente Juan Orlando Hernández con efectivos de batallones, que fueron enviados hacia las fronteras con Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
El pasado jueves, Castro anunció un estado de excepción en el marco de una emergencia nacional para combatir a las pandillas, ante la constante presión de la ciudadanía que reclama seguir el ejemplo del vecino El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele logró reducir la acción de estos grupos amparado en un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial.
La presidenta destacó que la ofensiva se enfoca sobre todo a combatir los extorsionistas, una de las principales causas de la migración y del cierre de medianos y pequeños negocios.
Especialmente los transportistas han exigido al gobierno combatir a los pandilleros al haberse aumentado las extorsiones durante el gobierno de Castro, que se inició en enero.
Órden en la cárcel
El director de las Fuerzas Especiales de la Policía, Miguel Pérez, dijo a la AFP que entre otras medidas contempladas en el decreto de emergencia se incluye el control de la venta de números de teléfonos móviles, porque la falta de control facilita su adquisición por extorsionistas y sicarios, algunos dentro de prisión.
MQ