Una investigación periodística difundida por los portales noticiosos ProPublica y Texas Tribune reveló que el gobierno de Estados Unidos quitó tierras a ciudadanos para construir hace una década la extensión del muro fronterizo entre Texas y México.
La construcción en 2007 de unos mil kilómetros de muro fronterizo condujo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a realizar la confiscación más importante de tierras privadas por parte del gobierno federal en décadas.
En menos de un año, el DHS entabló más de 360 demandas de expropiación pública contra los propietarios, lo que involucró miles de hectáreas en los estados fronterizos de Texas, Nuevo México y Arizona.
La investigación mostró que el DHS hizo tratos injustos de bienes raíces, retiró en secreto las garantías legales para los propietarios y, en última instancia, abusó del "extraordinario poder" del gobierno para apropiarse de las tierras.
Pro Publica y Texas Tribune destacaron entre los principales hallazgos de la investigación, que el DHS eludió las leyes diseñadas para ayudar a los propietarios a recibir una compensación justa.
La agencia federal no realizó evaluaciones formales de las parcelas seleccionadas. En su lugar, emitió ofertas basadas en estimaciones inferiores al estándar de los valores de las propiedades, según el informe.
Casi una década después, decenas de terratenientes siguen enredados en demandas judiciales. El gobierno ya se apropió de sus tierras y construyó la cerca fronteriza, pero no ha resuelto las reclamaciones por su valor.
La investigación expone los casos de varias familias en las que se reproducen los errores y disparidades cometidos en su contra, que las obligó a pagar miles de dólares en abogados para defender sus terrenos.