BUENOS AIRES (AP) — Un empresario deposita el soborno junto a unos bonsáis en la vivienda de un ministro, un presidente revolea miles de pesos indignado porque no son dólares, veinte maletas cargadas de billetes se acumulan en el departamento de la pareja que estuvo doce años en el poder en Argentina.
Estas son varias de las escenas descritas en la resolución del juez federal Claudio Bonadío en la que la expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández fue procesada por supuestamente liderar una banda que recaudó dinero de empresarios a cambio de otorgar contratos de obras públicas.
El escrito brinda detalles de lo que habría sido una grosera maquinaria de recolección de sobornos por más de 55 millones de dólares durante la presidencia de Fernández (2007-2015) y su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) y de las escabrosas relaciones tejidas en el seno del poder.
El magistrado procesó a 42 exfuncionarios y empresarios como presuntos integrantes de una asociación corrupta. A Fernández la acusó de ser la jefa de la banda en una resolución de más de 500 hojas basada en las declaraciones de empresarios que confesaron haber pagado coimas y de funcionarios que admitieron haberlas cobrado y en las minuciosas anotaciones que hizo un chófer del Ministerio de Planificación sobre los trayectos realizados para recolectar el dinero.
Según Bonadío, por este esquema de recaudación ilegal los empresarios que pretendían ganar una obra pública “entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios” que Kirchner y Fernández “designaban para esos menesteres a fin de recibir estos ‘retornos’ o ‘coimas’“.
La forma en que los empresarios pagaban el soborno variaba. A veces entregaban los bolsos repletos de dinero en estacionamientos, en oficinas ministeriales o en el departamento de los Kirchner en Buenos Aires.
El apartamento en el coqueto barrio de Recoleta fue el destino del dinero -recolectado por un funcionario del Ministerio de Planificación y recibido por Héctor Daniel Muñoz, secretario privado de Kirchner- en al menos 87 ocasiones, según el juez.
Los pagos ilegales, indicó el magistrado, también eran entregados en la residencia presidencial de las afueras de la capital “a Muñoz y/o también al propio Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.
El empresario de la construcción Juan Chediack relató que pagó sumas al entonces ministro de Planificación Julio de Vido en la sala de su casa, al lado de unos bonsáis. Cuando le tocaba llevar los sobornos al ministerio dejaba los “paquetes de dinero” en el baño del despacho del ministro.
Según la declaración de Claudio Uberti, uno de los exfuncionarios procesados, el presidente Kirchner exigía los pagos en dólares.
Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales, testificó que en una ocasión le llevó a Kirchner paquetes en pesos y euros a su despacho en la casa de gobierno. El entonces presidente “agarró a patadas el paquete de los pesos y lo tiró por el despacho”.
Uberti es uno de los exfuncionarios que acusó a la pareja presidencial de maltratar a sus colaboradores. “Cristina... insultaba a sus colaboradoras, especialmente a las mujeres. Néstor les pegaba a sus colaboradores”, afirmó.
También declaró que en una de las ocasiones en que entregó dinero al secretario privado de Kirchner en el departamento de capital había unas 20 valijas de distinto tamaño repletas de billetes.
Según su relato, el dinero era trasladado a la provincia de Santa Cruz, donde se encuentran otras residencias de los Kirchner, en el avión presidencial. Fernández “no era ajena” a esos envíos.
El financista Ernesto Clarens, supuesto responsable de cambiar los pesos a dólares, declaró por su parte que el hombre de confianza de los Kirchner le pidió una vez que tratara de traer euros en billetes de 500 “porque ocupaban menos lugar”.
En tanto el exsecretario de Obras Públicas José López, descubierto cuando intentaba ocultar en 2016 varios bolsos repletos de dólares y euros en un monasterio, afirmó que era “obvio” creer que ese dinero “era de Cristina” ya que había recibido del entonces secretario privado de la exmandataria, Fabián Gutiérrez, el pedido de que escondiera el dinero. “Cuando me contacto Fabián sin ninguna duda sabía que los mensajes que vendrían con él provendrían de Cristina Kirchner”, dijo.
Al ser interrogado sobre por qué nunca había declarado antes que el dinero pertenecía a la exmandataria López aseguró: “Por temor a Cristina Kirchner, persona muy vengativa a quien conozco hace mucho tiempo... temor a ser descubierto o delatado, temor sobre mi vida y la de mi familia”.
En su escrito, Bonadío consideró que el dinero producto de los sobornos era utilizado para financiar campañas electorales, actividades políticas y comprar voluntades en el Poder Judicial, entre otras irregularidades.
Fernández ha rechazado las acusaciones en su contra y calificado a Bonadío de “juez enemigo” que actúa bajo los dictados del presidente Mauricio Macri.
El magistrado encabeza otras causas en las que la expresidenta es sospechosa de lavado de dinero, defraudación al Estado y de encubrir a los acusados del atentado terrorista contra un centro judío en 1994, cargos que ella niega.