ESTADOS UNIDOS.- Un juez federal accedió a impedirle al gobierno de Donald Trump implementar una orden ejecutiva que le permita a los gobiernos estatales y locales negarse a aceptar refugiados.
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El juez federal de distrito Peter Messitte en Maryland emitió un amparo preliminar solicitado por tres agencias dedicadas a la reubicación de refugiados, que habían presentado una demanda contra la orden ejecutiva.
En su fallo de 31 páginas, Messitte estimó que las agencias probablemente lograrán demostrar que la orden ejecutiva es ilegal, ya que le da a los gobiernos estatales y locales poder de veto sobre el acoplo de refugiados.
El gobierno del presidente Trump anunció que, a partir de junio de 2020, las agencias de refugiados deben obtener aprobación por escrito de las autoridades locales o estatales en los lugares donde desean asentar a refugiados.
Las agencias argumentaron que la orden, en efecto, da a los gobernadores de cada estado y a los administradores de cada condado el poder de veto en el proceso de reasentamiento. Argumentan también que la orden viola la Ley de Refugiados de 1980.
Messitte llegó a la conclusión que la orden ejecutiva no parece servir "al interés público general".
"El reasentamiento de refugiados debe proceder como lo ha hecho en los 40 años antes de que (la orden ejecutiva) fue anunciada", escribió el magistrado.
Las organizaciones Church World Service, la Lutheran Immigration and Refugee Service y HIAS, una agencia de ayuda a refugiados judíos, presentaron la demanda en Greenbelt, Maryland, el 21 de noviembre. Son tres de las nueve organizaciones nacionales que han forjado acuerdos con el gobierno federal para otorgar vivienda y otros servicios a refugiados.
Texas, que asentó más refugiados que ningún otro estado en el año fiscal 2018, se convirtió en el primer estado en rechazar refugiados nuevos. El gobernador Greg Abbott, en una carta divulgada el 10 de enero, denunció que "el Congreso ha obligado a Texas a lidiar con una carga desproporcionada de problemas vinculados a la migración, resultado de un sistema federal migratorio estropeado".
La directora de Lutheran Immigration and Refugee Service, Krish O'Mara Vignarajah, declaró que por ahora el fallo frena una política que estaba causando "daño irreparable a familias de refugiados y a las agencias de ayuda". Explicó que, en efecto, por ahora permite reanudar el reasentamiento de refugiados en Texas.
IH luna
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El juez federal de distrito Peter Messitte en Maryland emitió un amparo preliminar solicitado por tres agencias dedicadas a la reubicación de refugiados, que habían presentado una demanda contra la orden ejecutiva.En su fallo de 31 páginas, Messitte estimó que las agencias probablemente lograrán demostrar que la orden ejecutiva es ilegal, ya que le da a los gobiernos estatales y locales poder de veto sobre el acoplo de refugiados.El gobierno del presidente Trump anunció que, a partir de junio de 2020, las agencias de refugiados deben obtener aprobación por escrito de las autoridades locales o estatales en los lugares donde desean asentar a refugiados.Las agencias argumentaron que la orden, en efecto, da a los gobernadores de cada estado y a los administradores de cada condado el poder de veto en el proceso de reasentamiento. Argumentan también que la orden viola la Ley de Refugiados de 1980.Messitte llegó a la conclusión que la orden ejecutiva no parece servir "al interés público general"."El reasentamiento de refugiados debe proceder como lo ha hecho en los 40 años antes de que (la orden ejecutiva) fue anunciada", escribió el magistrado.Las organizaciones Church World Service, la Lutheran Immigration and Refugee Service y HIAS, una agencia de ayuda a refugiados judíos, presentaron la demanda en Greenbelt, Maryland, el 21 de noviembre. Son tres de las nueve organizaciones nacionales que han forjado acuerdos con el gobierno federal para otorgar vivienda y otros servicios a refugiados.Texas, que asentó más refugiados que ningún otro estado en el año fiscal 2018, se convirtió en el primer estado en rechazar refugiados nuevos. El gobernador Greg Abbott, en una carta divulgada el 10 de enero, denunció que "el Congreso ha obligado a Texas a lidiar con una carga desproporcionada de problemas vinculados a la migración, resultado de un sistema federal migratorio estropeado".La directora de Lutheran Immigration and Refugee Service, Krish O'Mara Vignarajah, declaró que por ahora el fallo frena una política que estaba causando "daño irreparable a familias de refugiados y a las agencias de ayuda". Explicó que, en efecto, por ahora permite reanudar el reasentamiento de refugiados en Texas.IH luna