SILVER SPRING. — Un juez federal aceptó este lunes suspender un fallo que exige que las mujeres acudan a un hospital o una clínica durante la pandemia de COVID-19 en caso de que quieran conseguir una píldora abortiva.
El juez de distrito Theodore Chuang, en Maryland, concluyó que el “requisito de hacerlo en persona” para mujeres que buscan atención médica para aborto impone un “obstáculo importante” a las pacientes y podría representar una violación a la Constitución bajo las circunstancias de la pandemia.
“Particularmente si se considera el periodo limitado durante el cual un aborto medicado o cualquier aborto debe suceder, tal violación al derecho de abortar constituiría un daño irreparable”, escribió el juez en su decisión de 80 páginas.
El fallo de Chuang permitirá que los proveedores de atención médica puedan gestionar que la mifepristona sea enviada por correo o entregada a los pacientes durante una emergencia de salud pública declarada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de la mifepristona en combinación con un segundo fármaco, misoprostol, para terminar con un embarazo en sus primeras etapas o resolver un aborto natural.
“Al causar que ciertas pacientes decidan entre prescindir de un aborto —o aplazarlo considerablemente— y exponerse a contraer COVID-19 ellas mismas, sus hijos y miembros de sus familias, el requisito de acudir en persona representa una seria carga para muchas pacientes”, concluyó Chuang.
Los estados de Indiana, Luisiana, Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Mississippi, Missouri, Nebraska y Oklahoma habían pedido intervenir en la demanda. Las 10 entidades alegaron que el caso podría repercutir en la forma en la que aplican sus propias leyes estatales que están relacionadas o hacen referencia a la regulación de la FDA en torno a la mifepristona.
Chuang rechazó su solicitud el mes pasado. El juez dijo que el caso federal no eliminaría la capacidad de ningún estado para seguir regulando el medicamento abortivo “más allá de” los requisitos de la FDA.
“No obstante, esta es una enorme victoria para las pacientes de aborto y para la ciencia y el sentido común”, dijo Julia Kaye, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).
El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y otros grupos demandaron al HHS y a la FDA en mayo para impugnar el fallo. Los abogados de la ACLU representan a los grupos.
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SILVER SPRING. — Un juez federal aceptó este lunes suspender un fallo que exige que las mujeres acudan a un hospital o una clínica durante la pandemia de COVID-19 en caso de que quieran conseguir una píldora abortiva.
El juez de distrito Theodore Chuang, en Maryland, concluyó que el “requisito de hacerlo en persona” para mujeres que buscan atención médica para aborto impone un “obstáculo importante” a las pacientes y podría representar una violación a la Constitución bajo las circunstancias de la pandemia.
“Particularmente si se considera el periodo limitado durante el cual un aborto medicado o cualquier aborto debe suceder, tal violación al derecho de abortar constituiría un daño irreparable”, escribió el juez en su decisión de 80 páginas.
El fallo de Chuang permitirá que los proveedores de atención médica puedan gestionar que la mifepristona sea enviada por correo o entregada a los pacientes durante una emergencia de salud pública declarada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de la mifepristona en combinación con un segundo fármaco, misoprostol, para terminar con un embarazo en sus primeras etapas o resolver un aborto natural.
“Al causar que ciertas pacientes decidan entre prescindir de un aborto —o aplazarlo considerablemente— y exponerse a contraer COVID-19 ellas mismas, sus hijos y miembros de sus familias, el requisito de acudir en persona representa una seria carga para muchas pacientes”, concluyó Chuang.
Los estados de Indiana, Luisiana, Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Mississippi, Missouri, Nebraska y Oklahoma habían pedido intervenir en la demanda. Las 10 entidades alegaron que el caso podría repercutir en la forma en la que aplican sus propias leyes estatales que están relacionadas o hacen referencia a la regulación de la FDA en torno a la mifepristona.
Chuang rechazó su solicitud el mes pasado. El juez dijo que el caso federal no eliminaría la capacidad de ningún estado para seguir regulando el medicamento abortivo “más allá de” los requisitos de la FDA.
“No obstante, esta es una enorme victoria para las pacientes de aborto y para la ciencia y el sentido común”, dijo Julia Kaye, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).
El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y otros grupos demandaron al HHS y a la FDA en mayo para impugnar el fallo. Los abogados de la ACLU representan a los grupos.
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